Podemos insiste en que la Ley Hipotecaria prohíba el desalojo forzoso a ciudadanos vulnerables

Podemos ha insistido hoy en que la nueva Ley Hipotecaria que se tramita en el Congreso recoja la prohibición de los desalojos forzosos sin alternativa habitacional para los colectivos vulnerables, y que el texto establezca la posibilidad de la dación en pago.

El diputado de Podemos, Rafael Mayoral, ha señalado a EFE que la ponencia que estudia la Comisión de Economía del Congreso para regular los contratos de crédito inmobiliario debe contemplar también que el máximo responsable de un deudor hipotecario sea el bien hipotecado.

“Esta es la batalla dura en la que estamos peleando ya que no se puede condenar a la población a deudas perpetuas”, ha afirmado, al tiempo que ha urgido a cumplir las sentencia del Tribunal de Justicia Europeo en materia de vivienda.

Mayoral ha alertado de que hay cuestiones en la legislación española que son contrarias al derecho comunitario y que, de no cumplirse, podrían abrir la vía a procedimientos judiciales de desahucios que ahora están paralizados.

La Comisión de Economía debate la ponencia de la nueva Ley Hipotecaria que debe trasponer una directiva europea, que ya va con casi dos años de retraso y que busca abaratar las comisiones por cancelación anticipada, reducir las comisiones por conversión de préstamos de tipo variable a fijo y reforzar el control sancionador para notarios y registradores.

El PSOE ha propuesto varias transaccionales con los grupos parlamentarios y a Podemos le ha propuesto crear un Registro de sanciones en el Banco de España por incumplimientos de la normativa, así como desarrollar convenios de colaboración entre Administraciones Públicas para garantizar el realojo de las personas desalojadas, en cumplimiento del Dictamen del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas.

Sin embargo, la formación morada sigue negociando estas iniciativas y urge a que se prohíba por ley estos desalojos sin alternativa habitacional para la población vulnerable.

Además, no acepta que se revise el Código de Buenas Prácticas Bancarias para que sea obligatorio, sino que insta a que la Ley establezca mecanismos efectivos de protección a los deudores.

Por otra parte, Mayoral incide en que las entidades financieras tienen que ser las responsables de la solvencia del hipotecado y tener sanciones si ponen a la venta productos tóxicos.

Los partidos que componen la ponencia llevan varias semanas debatiendo las más de 238 enmiendas para encontrar un acuerdo en la mayoría de ellas y de momento sólo se han incluido 26 iniciativas.

Hay consenso en la creación de una Autoridad Independiente que vele por la protección y transparencia en la contratación inmobiliaria.

También hay coincidencia en que la Ley incluya una disposición final para que se desarrolle un reglamento que regule que los tasadores sean independientes y puedan ser no sólo sociedades de tasación sino también personas físicas, aunque queda por determinar los criterios que deben aplicarse.

Asimismo, existe acuerdo en que el plazo de información precontractual de los préstamos inmobiliarios sea de 10 días y en elevar a rango de Ley la creación de una Ficha Europea de Información Normalizada (FEIN) en la que el consumidor podrá comparar las condiciones hipotecarias que le ofrezca cada entidad financiera.

Sin embargo, todavía no se ha avanzado en si las Comunidades Autónomas pueden tener un órgano competente que sancione a prestamistas, intermediarios o tasadores que operen dentro de esa región y cuyo criterio sea que perjudiquen a personas en situación de vulnerabilidad social.

Tampoco se han fijado los intereses de demora de los préstamos, que el PDeCAT y Podemos piden que no sea superior al interés legal del dinero más el 3 %, ni sobre las comisiones por reembolso anticipado total o parcial del préstamo.

Los partidos discuten también el concepto de “consumidor hipotecario” si debe ser una persona física o por ejemplo también una Organización No Gubernamental (ONG).

Dar más relevancia a la figura del notario a la hora de firmar la hipoteca, fijar el reparto de los gastos entre el banco y el comprador así como apoyar la educación financiera son otros aspectos que los partidos deben consensuar.