El PP ve connivencia de la Junta con UGT tras analizar los expedientes de las ayudas

El PP ha detectado “connivencia” de la Junta de Andalucía con UGT-A y una “falta de control reiterada” de los fondos públicos que se daban en subvenciones excepcionales al sindicato, después de analizar en la Consejería de Empleo diversos expedientes de otorgamiento de estas ayudas.

El portavoz parlamentario del PP, Carlos Rojas, ha informado en rueda de prensa de que “prácticamente en todas las ayudas” a UGT y COOO había reparos de la Intervención General y ha anunciado que en su momento trasladarán a la justicia ese “proceso documental”.

En ese sentido, no ha descartado ninguna acción judicial, incluida la de acudir a la Fiscalía cuando continúen estudiando expedientes y puedan “demostrar la connivencia al cien por cien”.

Rojas ha reclamado a la presidenta andaluza, Susana Díaz, que “pase a la acción de una vez” porque “no se puede esperar ni un día más un escándalo como el de UGT”, y le ha pedido que ordene “inmediatamente” la personación judicial de la Junta en el caso.

Ha afirmado que si no lo hace demostrará que es “cómplice” y ha lamentado que UGT-A convoque un comité para enero porque “tienen que hacer una investigación inmediata, no dentro de un mes”.

Rojas, que ha lamentado que hayan tenido que esperar un año para revisar expedientes, ha explicado que en esas ayudas la Intervención advertía a la Junta de que se estaban concediendo subvenciones a los sindicatos sin justificar y ha opinado que el “modus operandi” era que se entregara dinero público “sin ningún tipo de control”.

“Tenían ya la advertencia de la Intervención, por lo que tenían que cambiar la forma de otorgar el proceso. De ahí esa connivencia que es más clara que el agua”, ha apuntado.

Ha añadido que hay “multitud” de subvenciones excepcionales destinadas a los agentes sociales en las que no se incorpora un certificado justificativo de la ayuda conforme a la ley, que además hay ampliación de plazos y que incluso hay “fraccionamiento de facturas, que es muy grave”.

Ha denunciado que lo “habitual” es que la Junta “excepcione” la mayoría de las ayudas a UGT y le otorgue al sindicato nuevas subvenciones sin que haya justificado la anterior, y ha manifestado que el procedimiento era siempre el de hacer la transferencia y “desentenderse”, por lo que considera que el Gobierno regional tiene una responsabilidad clara “in vigilando”.

El parlamentario Jaime Raynaud ha puesto como ejemplo dos ayudas, una de 1,1 millones a UGT en 2008 y otra en 2010 de 2,3 millones a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE).

Ha detallado que la subvención dada a UGT, solicitada por el entonces secretario general del sindicato en Andalucía, Manuel Pastrana, fue autorizada por el director general, Francisco Javier Guerrero, y por el viceconsejero Agustín Barberá, y finalmente la firmaron Pastrana y el consejero Antonio Fernández.

En ese expediente de ayuda, para la “promoción, información, formación y asesoramiento de actividades del sindicato”, no hay “ni un solo justificante” y solo figura un presupuesto en el que, entre otros gastos, se incluyen 150.000 euros para desplazamiento y manutención; 420.700 euros en gastos de personal; 50.000 euros en un plan de medios; 50.000 euros en vigilancia; 200.000 euros en asesoría externa; o 90.000 euros en actos sindicales

En la ayuda para FAFFE, para la “optimización de recursos de empleo en la mejora de la eficiencia del tejido productivo andaluz”, firmada y concedida por el consejero Manuel Recio, se aportan datos de una auditoría privada y ninguna información complementaria, con pagos que se hicieron incluso cuando la fundación “estaba ya en proceso de liquidación”, según Raynaud.