El presidente del ICJCE recalca la labor de las auditorías para “devolver la salud” al sistema financiero

El presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE), Rafael Cámara, ha resaltado la labor de las auditorías para “devolver la salud” al sistema financiero.

En declaraciones a los medios de comunicación, antes de realizar la apertura institucional del XXI Congreso Nacional de Auditoría, este miércoles en el Auditorio de Zaragoza, Rafael Cámara ha indicado que la sociedad española está “necesitando recuperar la confianza”.

El presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España ha explicado que los auditores son profesionales que otorgan “confianza” en la información financiera de las empresas que revisan.

“Una información auditada responde a la realidad”, por lo que es “un mecanismo muy útil” para dar transparencia. Además, ha recalcado que en la situación financiera actual no han fallado las auditorías, sino todo “el mundo”.

En este sentido, ha argumentado que “no hay un sólo responsable en la crisis financiera” sino que “hubo un exceso de endeudamiento de las familias en España, de las familias en el mundo, de las empresas; vivimos en una especie de burbuja de riqueza permanente y el resultado ha sido este”, ha sostenido.

Además, ha incidido en que los auditores procuran, ante este “desafío”, buscar “las soluciones para que desaparezca este clima generalizado de desconfianza y de deterioro de las posibilidades de nuestro país de salir adelante”.

El presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España ha añadido que lo que ha fallado en el país han sido “los reguladores, los supervisores, las familias cuando tomamos decisiones de compra, los empresarios y el sistema financiero”. Por ello, “ahora se trata de devolver salud a aquello que falló de forma estrepitosa” y que ha llevado al país a tener seis millones de parados, ha dicho.

CONOCER LOS PROBLEMAS

Rafael Cámara ha opinado que las auditoras “hemos sido las que hemos levantado los banderines rojos” y “nuestros informes empezaron a tener más advertencias a partir del año 2007, se llenaron de pegas, y es cuando los mercados empezaron a conocer que existían problemas reales”, ha subrayado.

En este punto, ha añadido que ahora los auditores “lo que queremos es dar un paso adelante y modificar eso que salió mal” porque “hemos aprendido muchísimo durante la crisis y hay cuestiones que se pueden resolver”.

De esta forma, ha apostado porque la información que se suministre a los mercados sea “mucho más clara y fácil de interpretar” para que los ciudadanos sepan “en qué depositan sus ahorros”. “Para nosotros este es un papel fundamental ahora mismo, facilitar las cosas a quien necesita confiar en la documentación de las empresas”, ha señalado Cámara.

LEY DE TRANSPARENCIA

El presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España se ha mostrado convencido de que la transparencia es un valor clave para la recuperación de la confianza y ha propuesto la incorporación de “una enmienda a la Ley de Transparencia en el Congreso de los Diputados para que sea obligatorio que las cuentas de los ayuntamientos con más de 5.000 habitantes se auditen anualmente”.

Según los datos del Tribunal de Cuentas de 2010, el 69 por ciento de los ayuntamientos que debían remitir sus cuentas no lo hicieron y sólo un cinco por ciento de las corporaciones locales audita sus cuentas externamente.

En este acto inaugural, al que han asistido medio millar profesionales y donde también han intervenido el vicealcalde de Zaragoza, Fernando Gimeno, y el presidente de la Agrupación Territorial 8ª del ICJCE, Javier Castillo, Cámara ha relatado que “los profesionales de la auditoría de cuentas impulsamos y apoyamos los cambios que apuestan de forma decidida por mejorar la calidad y la transparencia de la información suministrada por empresas públicas y privadas”.

Asimismo, ha recordado que las tres corporaciones representativas de los auditores de cuentas han dado un paso para acercar a auditores del sector público y privado mediante la creación, en mayo de este año, de la Comisión de Auditores del Sector Público con el objetivo de “apoyar a las Administraciones públicas y colaborar con la Intervención General del Estado, el Tribunal de Cuentas y los supervisores de cada Comunidad autónoma a dotar a la gestión pública española de más transparencia”.

INFORME INTEGRADO

El presidente del ICJCE ha considerado que “es necesario superar el informe de auditoría tradicional e impulsar el informe integrado para dar respuesta a las demandas de los agentes económicos con una información que les permita evaluar mejor el valor económico de las organizaciones”.

Esto es así porque la demanda de mayor transparencia también va ligada a una demanda de información esencial que revele la imagen fiel de las compañías teniendo en cuenta aspectos fundamentales como la información financiera, el control de riesgos, la sostenibilidad, la gobernanza y los factores medioambientales, económicos y sociales, el denominado informe integrado.

Para eso, el Instituto está impulsando la implantación del informe integrado y miembros del Instituto colaboran con los grupos de trabajo constituidos por el International Integrated Reporting Council (IIRC), organismo creado en agosto de 2010, para su puesta en marcha.

“Este informe contendrá toda la información sustantiva, relevante y realmente estratégica de una compañía y modificará el papel que desempeñamos los auditores en la actualidad, ya que tendremos que ampliar nuestros conocimientos y capacidades y ser capaces de auditar y valorar información no financiera”, ha afirmado Cámara.

El presidente del ICJCE también ha manifestado que “está previsto que para finales de 2013 haya un modelo de informe”, con la finalidad de que “no haya que esperar a la información corporativa y financiera obsoleta de cierre anual, dado que el objetivo es que la información sea continua en el tiempo”.

CAMBIOS NORMATIVOS

En cuanto a los cambios normativos que afectan a la auditoría de cuentas, el presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España se ha referido a las últimas modificaciones que se están llevando a cabo en la Unión Europea en torno a la Directiva y el Reglamento de Auditoría y a las Directivas IV y VII, refundidas en un texto conocido como Directiva Contable.

“Afortunadamente, las medidas inicialmente propuestas por la Comisión Europea sobre la rotación obligatoria, las auditorías conjuntas, los nombramientos de auditores por los reguladores o las firmas puras de auditoría se están reconduciendo en el Parlamento Europeo”, ha observado Cámara.

Ha agregado que “estas propuestas suponían elevar los costes empresariales, mermar la calidad de la auditoría y limitar las posibilidades de competir en igualdad de condiciones a las pequeñas y medianas firmas de auditoría”.

Las personas implicadas de forma directa en la auditoría en España son cerca de 20.000 profesionales, con más de 1.350 sociedades y firmas de auditoría. El sector genera una facturación de más de 750 millones de euros, con un incremento medio anual que en los últimos años se ha situado por encima del 7 por ciento.

Además, los auditores realizaron durante 2011 casi 70.000 trabajos de auditoría, de los que más de un 25 por ciento fueron auditorias voluntarias, un porcentaje que se ha incrementado durante los últimos ejercicios.