La principal acusación particular en Bankia exige más informes del supervisor

La Confederación Intersindical de Crédito (CIC), que ejerce la acusación popular en el juicio de Bankia, ha pedido al tribunal que exija al Banco de España informes de seguimiento de la entidad que el organismo ha eludido aportar y que muestran deficiencias de activos inmobiliarios.

La CIC recuerda en su escrito a la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso EFE este viernes, que en junio de 2018 ya se “instó” al Banco de España para que aportara “todos los informes de seguimiento elaborados por el equipo de inspección sobre el Grupo BFA-Bankia referidos al ejercicio 2012”, año en el que se produjo la reformulación de cuentas.

Entre la documentación que el Banco de España sí ha remitido a la Sala, figura un informe fechado el 27 de marzo de 2013 en el que los inspectores, tras revisar determinadas operaciones del grupo inmobiliario, detectan “deficiencias relevantes”.

Por ello, el equipo de inspección consideró preciso “instar a la entidad a que realice una revisión completa y en profundidad de las inversiones acometidas en dicho grupo”.

Dicho informe constaba de seis anexos, pero uno de ellos, el V, no ha sido aportado por el Banco de España y es el que detalla la calidad de los activos y cuantifica el impacto de la normativa que entró en vigor en ese ejercicio, 2012.

Asimismo, el organismo omitió enviar al tribunal otro informe del 14 de marzo de 2013, que incluye “deficiencias relevantes” en relación con el grupo inmobiliario.

No es la primera vez que la CIC se ha dirigido al tribunal para que requiriera al Banco de España documentos que el organismo no había aportado.

Esta acusación popular reclamó en abril pasado cuatro correos electrónicos enviados en enero, marzo y abril de 2012 que no constaban en la causa y a los que se refirieron durante su declaración como testigos los inspectores del Banco de España José Antonio Casaus y José Antonio Delgado.

En dichos correos constan reuniones con el auditor de la entidad (Francisco Celma, socio auditor de Deloitte), el presidente (Rodrigo Rato) y el consejero delegado (Francisco Verdú), pocas semanas antes de la formulación de cuentas del ejercicio 2011 que sirvieron de base para la salida a bolsa.

El tribunal que preside la juez Ángela Murillo admitió días después dichos correos.

La Audiencia Nacional juzga desde el pasado noviembre a una treintena de exdirectivos de Bankia por estafa millonaria a los inversores en la salida a bolsa de Bankia, en julio de 2011, entre los que está incluido su expresidente Rodrigo Rato, que fue director gerente del FMI entre 2004 y 2007 y para el que la fiscalía pide cinco años de cárcel.