Propietarios y promotores rechazan la paralización de los desahucios por parte del Gobierno

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

Asociaciones de promotores y de propietarios de viviendas en alquiler han mostrado su rechazo a la modificación que ha hecho el Gobierno del real decreto que paraliza los desahucios, al considerar que amplía la protección a la ocupación ilegal.

Así lo han manifestado la Asociación de Promotores Constructores de España (APCEspaña) y la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (ASVAL), que señalan que la modificación de este decreto “es un paso más hacia la protección de la ocupación ilegal, que genera graves problemas sociales y económicos”.

“Esto convierte a España en una excepción dentro de Europa, al amparar este fenómeno ilegal. Con este cambio, se suspende la paralización del desahucio aún en el caso de que haya delito, limitando la paralización del mismo a los casos en los que haya violencia o intimidación sobre las personas”, aseguran.

Ambas asociaciones creen que esta limitación “carece de todo sentido”, sobre todo teniendo en cuenta que la mayor parte de las ocupaciones ilegales se producen en viviendas que se encuentran vacías.

“No se debe confundir, ni mucho menos equiparar, la necesaria protección de los vulnerables en circunstancias de excepcionalidad con avalar desde la Administración Pública a la ocupación ilegal”, explican.

Por ello, instan al Congreso de los Diputados a votar en contra de la convalidación de este real decreto o, en todo caso, aceptarla a trámite como proyecto de ley, conservando los otros artículos que sí consideran necesarios, pero corrigiendo esta modificación.

Desde APCEspaña y ASVAL insisten en la necesidad de aplicar medidas extraordinarias para contribuir a aminorar el impacto de la pandemia sobre la sociedad, pero manteniendo un equilibrio entre la protección frente a la vulnerabilidad y la garantía de los derechos de los arrendadores.

“En ASVAL y APCEspaña aseguramos que cuestionar un derecho fundamental para garantizar otro genera inseguridad jurídica, tanto en nuestro país como internacionalmente, en un momento donde la recuperación económica precisa de los mayores niveles de inversión posibles”, concluyen.