Protesta en Madrid contra la decisión del Gobierno de no defender la prórroga a Ence

FSC-CCOO de Pontevedra ha convocado para este jueves una manifestación en Madrid, adonde también llegará una caravana de camiones, para protestar por la decisión del Gobierno del PSOE de no defender en los tribunales la prórroga para la actividad de la fábrica de Ence que concedió el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

La Delegación del Gobierno en Madrid ha autorizado que los camiones que se desplacen a Madrid desde Pontevedra se estacionen en Villaviciosa de Odón, desde donde los manifestantes se desplazarán en autobuses hasta la capital de España.

Estos se unirán a lo que también llegarán en autobuses desde Pontevedra para recorrer la calle Ferraz, a la altura de la sede del PSOE, hasta la plaza de las Cortes.

En marzo pasado, la Abogacía del Estado comunicó a la Audiencia Nacional que desistía de continuar con la defensa de la prórroga de 60 años, concedida en enero de 2016 al fabricante de pasta de papel Ence por el gobierno en funciones de Mariano Rajoy, para mantener su actividad industrial en la ría de Pontevedra.

Esa decisión afecta a los tres procedimientos judiciales que actualmente se siguen contra esta prórroga, presentados por el Ayuntamiento de Pontevedra, Greenpeace y la Asociación por la Defensa de la Ría de Pontevedra.

Todos los recurrentes reclamaban que se declarara la nulidad de la resolución del 20 de enero de 2016, emitida por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, que concedió la prórroga a Ence.

En su resolución, la Abogacía del Estado recordaba que la legislación vigente limita las concesiones en terreno marítimo-terrestre, como los que ocupa Ence en la ciudad gallega, por un período máximo de 75 años, contados desde el momento en que se otorgó la primera concesión.

La compañía de pasta de papel tiene permiso para ocupar unos 373.000 metros cuadrados de costa desde 1958 y, por tanto, el máximo de permanencia debería limitarse a 2033 y nunca prorrogarse hasta 2073, por lo que la resolución ministerial “no sería conforme a derecho”, según la Abogacía.