El Estado reduce de 37 a 35 días el pago a proveedores en el tercer trimestre

La Administración General del Estado (AGE) tardó una media de 35 días en pagar a sus proveedores en el tercer trimestre de 2013, un plazo inferior a la media de 37 días registrada en el segundo trimestre, pero por encima del plazo máximo de 30 días fijado por la Ley de Morosidad.

Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el periodo medio de pago del tercer trimestre también fue menor que el del conjunto de 2012, cuando se situó en 47,5 días, aunque en ese año la AGE disponía de un máximo de 40 días para pagar a sus proveedores, frente a los 30 de 2013.

El plazo máximo de 30 días está establecido para las operaciones de las administraciones públicas de gastos corrientes en bienes y servicios, mientras que en el caso de pagos a empresas constructoras de obra civil con contrato en vigor se eleva a 60 días, el mismo previsto en la ley para las operaciones entre empresas privadas.

De acuerdo con el último informe trimestral de Hacienda, el tiempo que tardó de media la AGE en pagar las inversiones fue de 33 días.

A 30 de septiembre de 2013 había 1.362 operaciones pendientes de pago por un importe de 49,5 millones de euros, que acumulaban un retraso medio de 31 días.

De esas operaciones, en 253 casos en los que el importe ascendía a 8,05 millones se excedió el periodo legal de pago, al alcanzarse 76 días de media.

No obstante, la mayoría de ellas (202 por 7,5 millones de euros) estaban pagadas a 30 de octubre, con lo que sólo quedaron pendientes 51 transacciones por 0,5 millones.

Hacienda explica que gran parte de esas operaciones se encuentran en esa situación debido a la falta de datos bancarios o a la existencia de incidencias como embargos o compensaciones tributarias.

El Ministerio de Justicia fue el que más tardó pagar en el tercer trimestre (46 días), seguido del Ministerio del Interior (42 días) y el Ministerio de Fomento (40 días).

Los más cumplidores fueron el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, el Ministerio de la Presidencia y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, todos ellos con 20 días.

Los que más operaciones realizaron fueron el Ministerio de Defensa (4.345), el Ministerio del Interior (4.300) y el de Hacienda y Administraciones Públicas (1.413).

También pagaron dentro del plazo de 30 días que establece la ley el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (26 días), el Ministerio de Educación Cultura y Deporte y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social (ambos con 27 días), el Ministerio de Industria, Energía y Turismo (29 días), y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (30 días).

Al margen de los ministerios, el Tribunal Constitucional pagó a sus proveedores en una media de 16 días, mientras que el Tribunal de Cuentas lo hizo en 28 días.

De acuerdo con el informe, los que más operaciones pendientes de pago tenían a 30 de septiembre de 2013 eran el Ministerio de Defensa, con 298 operaciones por importe de 3,7 millones de euros, y el de Interior, con 234 operaciones por 2,3 millones de euros.

En el otro lado de la tabla se situaron el Ministerio de la Presidencia, con tres operaciones pendientes de pago, y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, con cuatro.

Hacienda subraya que no figuran en este informe las operaciones que no están basadas en una relación comercial, como las que son consecuencia de una relación estatutaria o de personal, o las que se deben a la potestad de expropiar de la Administración.

También se excluyen las realizadas entre los distintos ámbitos del sector público estatal y las operaciones entre este y los órganos centrales de las comunidades autónomas.

El informe recoge sólo la morosidad de la administración central, por lo que no incluye ni a la administración autonómica ni a la local, donde la demora media en los pagos suele ser mayor.

En este sentido, la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) recoge sus propios datos y de acuerdo con su último informe entre septiembre y noviembre de 2013 las comunidades autónomas tardaron en pagar a su proveedores de media 140 días, mientras que los ayuntamientos lo hicieron en 118 días.