Reyes Calderón declara este martes por el Popular con el relevo de Ron de fondo

La expresidenta de la Comisión de Nombramientos del Banco Popular Reyes Calderón declara este martes ante la Audiencia Nacional como investigada por las presuntas irregularidades de la ampliación de capital de 2016, durante la etapa de Ángel Ron, quien la acusa de promover su cese poco después.

También están citados para el mismo día el vocal de la citada comisión José Ramón Estévez, así como Miguel Ángel del Solís, representante de la Sindicatura de Accionistas del Popular, que concentra a los críticos con el modo en el que se produjo la sucesión de la cúpula de la entidad.

Aunque el foco de esta primera pieza separada del caso trata de esclarecer en qué situación llegaba el banco a la ampliación de capital, que captó 2.500 millones de euros, la declaración del expresidente del Popular y el interés demostrado por el propio juez José Luis Calama han convertido el relevo al frente del banco en un tema recurrente en los interrogatorios practicados hasta la fecha.

En este sentido, Calderón, que se incorporó en noviembre de 2014 al consejo asesor internacional del Banco Popular, ha acaparado la atención después de que Ron la señalara, junto con el que llegó a ser máximo accionista individual de la entidad, el magnate mexicano Antonio del Valle, como artífice de su marcha y denunciara la falta de transparencia que imperó en aquel proceso.

Entre los reproches de los que la presidenta de este órgano podría tener que responder durante su declaración se encuentra el encargo “de extrema urgencia” que realizó a la firma de cazatalentos Spencer Stuart, que se comprometió a buscar un candidato “humilde, fácil de trato” y con una trayectoria profesional “inmaculada”.

Una conducta “unilateral” de la que advirtió la Sindicatura de Accionistas -cuyo representante intervendrá, igualmente, la próxima semana como investigado por su pertenencia al consejo de administración de Ron- en un informe elaborado por el despacho de abogados CMS Albiñana y Suárez de Lezo.

“(Calderón) ha puesto en marcha por su cuenta la ejecución de un plan, contratando un 'head hunter' para que busque candidatos a presidente, seleccionando y entrevistándose con supuestos candidatos para el cargo, sin tener facultades ni competencias para ello”, alertaba el documento, remitido, entre otros, al entonces secretario del consejo, Francisco Aparicio.

Durante su comparecencia de finales de octubre, Ron aludió al descontento de la Sindicatura, poseedores de una participación próxima al 10 % de la entidad y que un mes antes del cambio de presidente pusieron en conocimiento de la Comisión su intención de “presentar una enmienda a la totalidad de todo lo que se dijo que se había hecho” hasta ese momento.

“Mal empezaríamos a hacer las cosas (...) si desde el minuto cero dificultamos la asistencia al debate a todos los consejeros”, afeaban a Calderón, a la que cuestionaban su actuación por ser “precipitada e inaceptable”.

Fuentes jurídicas consultadas no descartan que, al igual que sucedió la pasada semana con Francisco Aparicio, cuyo testimonio ha sido aplazado “sine die” por falta de tiempo, el juez Calama deba disponer de varios días para interrogar a los tres investigados.