Los salarios enfrentan a los sindicatos y al Gobierno a seis meses de las elecciones

En la recta final de su mandato y en plena carrera electoral en Argentina, la presidenta, Cristina Fernández, se enfrenta a un aumento de la tensión con los sindicatos, dispuestos a no ceder en sus reclamaciones de mejoras salariales en un país con una inflación imparable.

El último desencuentro entre el Gobierno y las centrales está protagonizado precisamente por un sector próximo al kirchnerismo, el ala oficialista de la Confederación General del Trabajo (CGT), que acaba de convocar una huelga de 36 horas a partir de mañana miércoles.

La protesta se produce a menos de seis meses de las elecciones presidenciales, convocadas para el próximo octubre, y un mes después de la última huelga nacional, protagonizada por los sindicatos del transporte para reclamar menores impuestos.

Detrás de este incremento de la tensión se esconde un pulso político de los sindicatos al Gobierno, que coincide, además, con la confección de las listas electorales, agravado por la falta de credibilidad de las estadísticas oficiales.

Además, se ve la desconfianza sobre la evolución de la inflación, que el Ejecutivo cifra en un 15 por ciento para 2015 y que organismos privados elevan hasta un 28 o 30 por ciento.

Pese a que es una cifra preocupante para cualquier economía, la inflación podría bajar este año en relación a 2014, cuando los precios crecieron un 35 por ciento, según consultoras privadas.

El ministro de Economía, Axel Kicillof, considerado uno de los hombres más cercanos a la presidenta, se mantiene firme para evitar que los acuerdos de las negociaciones paritarias que se negocian en distintos sectores se trasladen a los precios.

Por primera vez, subrayan expertos locales, el Gobierno coincide con los empresarios en la necesidad de evitar acuerdos que superen el 25 por ciento de incremento salarial.

Los sindicatos, sin embargo, piden subidas superiores al 30 por ciento y, en el mejor de los casos, no parecen dispuestos a conformarse con menos de un 28 por ciento.

El jefe de Gabinete del Gobierno argentino, Aníbal Fernández, acaba de advertir que “cualquier decisión que se tome” con las negociaciones salariales “no se puede ir de madre”.

“No quiero ser yo quien tenga que poner un número porque no tengo que hacer eso”, apuntó Fernández, en alusión a la posibilidad barajada por algunos sectores de que el Gobierno fije los incrementos para evitar que las negociaciones de los convenios se prolonguen en el tiempo y se multiplique la conflictividad social.

El Ejecutivo, en la recta final de su mandato y en plena guerra electoral, pretende amarrar las cifras económicas y evitar que las subidas se trasladen a los precios de productos de consumo masivo.

En un intento por rebajar la tensión, Kicillof ha anunciado una reducción en el impuesto a las Ganancias que pagan los trabajadores con salarios brutos de entre 15.000 y 25.000 pesos mensuales (entre 1.700 y 2.900 dólares), otra de las demandas de los sindicatos.

La medida afecta a un porcentaje limitado de trabajadores, en un país donde el sueldo medio se situó en los 5.000 pesos (unos 590 dólares) el pasado año, según estadísticas oficiales.

Mientras, y en un contexto político complejo por la carrera electoral abierta para las presidenciales, el Gobierno de Cristina Fernández recurre al fantasma del ajuste y advierte de que cualquier candidato opositor pondrá en marcha un ajuste del gasto que impactará directamente en los más desfavorecidos.

En la práctica, la inflación, que en los últimos años ha crecido a un ritmo medio superior al 20 por ciento, es ya una forma de ajuste para el bolsillo de los argentinos.