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Los servicios sociales han perdido 56.700 empleos en los últimos tres años

CCOO alerta de que la aplicación de la reforma de la administración local puede producir una destrucción aún mayor de puestos de trabajo

Critica que las reformas están encaminadas a crear unos servicios sociales residuales y que no reconozcan derechos

El 85% del empleo destruido estaba ocupado por mujeres

Arranca la "marea multicolor" en defensa de los servicios públicos

Protesta contra los recortes sociales. EFE

Los recortes no han pasado ni mucho menos de largo por los servicios sociales. El impacto en el empleo así lo constata: en los últimos tres años, el sector ha perdido 56.700 puestos de trabajo, lo que implica un 11,7% menos de personas empleadas. El 85% del empleo destruido estaba ocupado por mujeres y la caída se ha cebado entre los jóvenes, según un informe de CCOO, que alerta que las reformas están produciendo un retroceso en el Estado del bienestar.

Durante la primera fase de la crisis, el sector siguió sumando puestos de trabajo: si a comienzos de 2008 ocupaba a 342.000 personas, en 2010 esa cifra alcanzaba 482.900. El punto de inflexión se produjo a partir de 2011, cuando el impacto de los primeros recortes empezó a mostrar sus efectos. Desde entonces hasta 2013, los servicios sociales han perdido el 11,7% de su fuerza laboral, que se cifra ahora en 426.200 personas, seis puntos más que el resto del sector servicios, que ha destruido el 5,2% de sus puestos de trabajo.

El sector está fuertemente feminizado, tanto que el 85% del empleo destruido estaba ocupado por mujeres. La destrucción se ha cebado también con los jóvenes: casi el 50% de los puestos de trabajo que han desaparecido estaban ocupados por menores de 30 años, a pesar de que su peso en el total de trabajadores es menor que el de los trabajadores mayores de 30 años.

CCOO avisa de que la aplicación de la reforma de la administración local puede producir una destrucción de empleo aún mayor y dejar una atención social residual. "No hay que olvidar que estas reformas implican dejar a miles de personas con necesidades o problemas mal atendidas. Estamos hablando de dependencia, de programas de atención a la familia y la infancia, de violencia de género, de mediación familiar, de prevención de conductas adictivas... No son medidas coyunturales, son políticas estructurales que cambian el modelo de protección: desde un Estado del bienestar que tutela y garantiza derechos a una sociedad del bienestar que reconoce derechos y que vuelve a trasladar la responsabilidad a las personas y las familias", denuncia la responsable del Sector de Intervención Social de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Rosana Costa.

Paradójicamente, mientras que el empleo ha disminuido, el número de empresas dedicadas a los servicios sociales ha crecido: desde 2012 hay 319 empresas más que ofrecen este tipo de servicios.

Un sector feminizado y precarizado

La feminización se deja notar en otros factores, como la alta precarización y los salarios más bajos. El 87,2% de los trabajadores de los servicios sociales son mujeres y el salario medio del sector es un 28% inferior que el sueldo medio. Eso a pesar de la alta cualificación: el 27% tiene estudios universitarios, sin embargo, solo el 52% desempeña una ocupación laboral que requiere ese perfil.

La temporalidad del sector es muy elevada (del 27%, tres puntos por encima de la media) a pesar incluso de que la destrucción de empleo se ha cebado con quien tenía contratos eventuales. Mientras que los trabajadores a tiempo completo bajaron un 16,7%, el tiempo parcial aumentó un 0,8%.

"Queremos destacar que algunas de las afirmaciones que se hacen son falsas y demagógicas, como que debemos tener el estado del bienestar que nos podamos permitir. Es falso porque nunca hemos llegado a tener un gasto social en la media europea. Tenemos un problema de ingresos, no de gastos", destaca Costa, que insiste en algunas de las propuestas que el sindicato ha puesto sobre la mesa parar mejorar la recaudación, como una reforma fiscal profunda y la lucha contra el fraude fiscal.

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