Los sindicatos aplauden la expulsión de Sousa de Pescanova, pero temen por el futuro
Una sensación de alivio recorrió el jueves la plantilla de Pescanova al conocer la decisión judicial de apartar de la presidencia a Manuel Fernández de Sousa. Mucho han cambiado las cosas en un mes: el 19 de marzo, los trabajadores leyeron un comunicado para cerrar filas con el hombre que ha dirigido la compañía con mano de hierro desde 1980. Ahora, la entrada definitiva en el proceso concursal, acompañada de la suspensión de facultades del consejo de administración al completo, ha despejado el único camino que los empleados consideran posible para salvar la mayor parte de los 1.500 empleos directos que el grupo mantiene solo en la provincia de Pontevedra.
El silencio de los empleados del gigante gallego de la pesca tiene que ver con la conmoción de quien descubre de repente que vive en una farsa. “Hay gente que lleva hasta 40 años trabajando en la empresa y siempre han cobrado puntualmente. Es normal que en un principio todos arroparan al presidente”, afirma Francisco Vilar, secretario de la Federación Agroalimentaria de Comisiones Obreras de Galicia.
Como el resto de gallegos, los socios de Sousa y muchos miembros del consejo, los trabajadores han asistido con estupor a la sucesión de noticias sobre el cúmulo de irregularidades que han llevado al Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra a una decisión insólita: suspender facultades a los directivos en un concurso de acreedores voluntario.
La súbita aparición de una deuda de 3.300 millones de euros, la doble contabilidad, la venta de acciones particulares de Sousa previa a la solicitud del concurso o la ocultación de los estados financieros a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), entre otras irregularidades, han desmontado en un mes el patriarcado ejercido durante 33 años por el hijo de uno de los dos fundadores.
Con su salida y el nombramiento de un administrador concursal por la propia CNMV, los trabajadores aspiran a entablar una interlocución ahora inexistente. “Desde que empezó todo esto venimos demandando que el consejo se reúna con los representantes de las distintas empresas, porque todo lo que conocemos es a través de la prensa, pero es como si no hubiera dirección del grupo”, lamenta Vilar.
Atomizados
Otra de las razones del papel secundario de los trabajadores en la crisis tiene que ver con su peculiar estructura, con una matriz, Pescanova, con apenas un centenar de empleados en Galicia, menos que los de las filiales –que concentran el 80% de la deuda del grupo– como Frivipesca (250), Frinova (250), Bajamar Séptima (170) o Insuiña (150), entre muchas otras. No hay comité intercentros, sino una suma de pequeños comités de empresa de escasa capacidad de presión.
En el conjunto de Galicia, pero sobre todo en la provincia de Pontevedra y en el entorno de Vigo, están en juego otros 3.500 empleos indirectos, estrechamente vinculados a la capacidad tractora del grupo. “La caída de Pescanova sería una tragedia”, resume un miembro de la plantilla.
La decisión de apartar a Fernández de Sousa de la presidencia fue solicitada por dirigentes de CCOO, mayoritario en el grupo, en una reciente reunión con el juez, pero no modificará el proyecto de convocar una gran manifestación en Vigo a finales de mayo. Los trabajadores siguen apostando por una empresa capaz de generar beneficios, pero entrampada en una deuda ingobernable, producto de una temeraria política expansiva.
“Asumimos que la salida de la crisis va a tener costes”, admite otro empleado. Tras la marcha del eterno presidente, los sindicatos saben que para evitar la liquidación deberá producirse una renegociación de créditos, posiblemente una capitalización de deuda, una quita y, lo más temido, la venta de activos.
Fondos buitre
Los rumores sobre la posible entrada de fondos de capital riesgo en la compañía es una de las grandes incertidumbres para los trabajadores. “Lo ideal sería un socio industrial y financiero, alguien con experiencia en el sector”, reclama Francisco Vilar. Pero el temor a la aparición de fondos buitre que condicionen su dinero a drásticos recortes laborales, como las que también pueden exigir los bancos acreedores, planea sobre las casi 5.000 familias que dependen directa o indirectamente de Pescanova en Galicia, un grupo que supera los 12.000 empleados en el mundo.
Los temores no parecen infundados. Los inversores que eligieron depositar su capital en Pescanova en las semanas previas al estallido de la crisis se llaman Silicon Metals Holding, participada por sociedades de Isla Caimán y Delaware; Capital Research and Management, con sede en Los Angeles, o Houlihan Lokey, especializado en reestructuración de deudas. Con Sousa destituido, el futuro de los trabajadores queda en manos de la administración concursal, a la que los sindicatos previenen contra la “tentación” de recurrir a medidas en perjuicio de los trabajadores.
