Los sindicatos buscan un pacto para ejecutar la sentencia de Coca-Cola y finiquitar el conflicto
Era el fallo laboral más esperado de los últimos meses: el Tribunal Supremo tenía la última palabra sobre el expediente de regulación de empleo de Coca-Cola. Finalmente este miércoles el Alto Tribunal anulaba el despido colectivo de la empresa, una decisión que supone un varapalo a la compañía y un importante respaldo a las tesis de los sindicatos. Precisamente, CCOO y UGT, que llevaron este conflicto a los tribunales, buscan ahora firmar con Coca-Cola un pacto de ejecución de la sentencia para acabar definitivamente con el litigio y con la incertidumbre de los trabajadores.
Ese pacto se firmaría entre las dos partes en la Sala de lo Social del Supremo y facilitaría la aplicación de la sentencia. De esta forma, los sindicatos evitarían que el conflicto se alargara. No sería la primera vez: la sentencia de la Audiencia Nacional trajo consigo un forcejeo entre las dos partes que ha durado meses. En ese periodo, los representantes de los trabajadores han tenido que pedir a la Audiencia que se pronuncie en varias ocasiones sobre medidas adoptadas por la empresa, algo que ha añadido incertidumbre a la plantilla.
La decisión del Supremo se aplica a toda la plantilla afectada por las medidas de reestructuración de la empresa (unas 1.200 personas), no solo a los despedidos. Por eso, el pacto de ejecución ayudaría a que los despedidos forzosos fueran readmitidos, pero también a que otras personas que se hayan acogido a alguna de las ofertas que hizo la empresa puedan decidir si mantienen su situación o no.
Aunque el fallo del Alto Tribunal se conocía este miércoles, la sentencia completa tardará aún días en ser comunicada. Coca-Cola ya ha anunciado que estudiará “en detalle” cómo ejecutar el fallo sin alterar el proyecto de futuro de la compañía, que “es ya una realidad”. De estas palabras se deduce que sigue resistiéndose a abrir las fábricas que cerró durante el ERE.
Sin embargo, la decisión del Supremo ratifica lo dicho por la Audiencia Nacional, que declaró nulo el despido colectivo, obligó a la readmisión de los trabajadores y, posteriormente, declaró irregulares las recolocaciones que la empresa ofrecía en plantas diferentes a las originales. Es más, Coca-Cola tuvo que readmitir a todos los trabajadores de la factoría de Fuenlabrada: les dio de alta como empleados y comenzó a pagar sus salarios, aunque sin darles trabajo efectivo para evitar abrir la planta.
El de Coca-Cola no es el único caso en el que una empresa se ve obligada a reabrir una planta después de que una sentencia declarara nulo su ERE. No obstante, el proceso tras la nulidad es complejo y la negociación entre las partes es clave para aplicar las decisiones judiciales. En el caso de la compañía Tenneco, tras una sentencia del Tribunal Superior de Asturias, empresa y trabajadores negociaron y se volvió a poner en marcha la fábrica.
Querella por vulnerar el derecho a huelga
De no producirse el pacto de ejecución, los sindicatos podrían iniciar otros pleitos. Tanto la Audiencia Nacional como el Supremo han declarado nulo el ERE de Coca-Cola porque la empresa vulneró el derecho a huelga de sus trabajadores (en el caso de la Audiencia, la sentencia también tenía en cuenta otras causas para la nulidad). Eso hace que UGT y CCOO tengan un as en la manga: la posibilidad de ir más allá y pedir responsabilidades penales por la vulneración de un derecho fundamental.
CCOO de Madrid ya presentó en octubre una querella contra la presidenta ejecutiva de Coca-Cola Iberian Partners, Sol Daurella, y contra el director general, Víctor Rufart, en la que les acusaba de un delito contra los derechos de los trabajadores por vulnerar el derecho a huelga de su plantilla. La querella estaba respaldada por un pronunciamiento de la inspección laboral y por la sentencia de la Audiencia Nacional. El fallo del Supremo podría reforzar ahora esta línea de actuación.
