El alud de solicitudes desborda las ayudas directas al alquiler por COVID–19 en Catalunya y Madrid

La Comunidad de Madrid y Catalunya advierten de que están desbordadas por las solicitudes de ayudas directas para el alquiler y de que el importe transferido por el Gobierno central se ha quedado muy corto respecto al número de peticiones. Ambas administraciones autonómicas reclamarán más medios en la conferencia sectorial de Vivienda que celebran este próximo jueves con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Entre los planes puestos en marcha por el Gobierno para el auxilio de inquilinos afectados por la crisis de la COVID–19 se trasladaron 100 millones de euros a las comunidades autónomas para ayudas directas. Esta cantidad se suma a la transferencia, de manera adelantada, de 346 millones de euros para la ejecución de los programas de ayudas del Plan Estatal de Vivienda 2018–2021, dirigidas principalmente a los colectivos más vulnerables. En total, este año se transfieren 446 millones de euros a las CCAA para ayudas a la vivienda.

Las autonomías pueden decidir el importe que destinan a los programas de ayudas del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, que incluyen medidas directas para las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio, sin hogar y especialmente vulnerables, o cuales destinaban directamente a los efectos de la crisis de la COVID–19.

Cada CCAA ha ido abriendo la tramitación de ayudas inmediatas y directas para personas vulnerables por la crisis sanitaria, afectados por ERTE, despidos o cierres de empresas, con problemas transitorios para atender al pago parcial o total del alquiler. Por ejemplo, Murcia lo ha habilitado este pasado lunes.

Pero en algunas CCAA el proceso se ha desbordado. La avalancha de peticiones ha llevado a la Generalitat de Catalunya a cerrar directamente la recogida de solicitudes. El plazo para pedir estas ayudas al alquiler de vivienda habitual se supone que llega al 30 de septiembre. El importe extra recibido desde el Gobierno central en su caso es de 14,5 millones.

“La convocatoria ha quedado desbordada, como preveíamos, y antes de seguir aceptando solicitudes vamos a gestionar las recibidas”, señalan a este periódico fuentes del Govern. Piden doblar la cantidad dedicada para el pago de alquileres, que a su juicio debería pasar de 14,5 a 29 millones de euros solo en el caso catalán. También piden doblar el importe del plan nacional de vivienda.

Por su parte, la Comunidad de Madrid ha recibido ya más de 7.000 solicitudes para acceder a este tipo de ayudas, informan fuentes del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Según sus cálculos, menos de la mitad, unos 3.000 beneficiarios, podrán acceder a dicha subvención, teniendo en cuenta que el importe puede alcanzar hasta los 900 euros por mensualidad, hasta un máximo de seis mensualidades y que la inyección recibida ha sido de 15,9 millones de euros. Creen que en total pueden llegar a recibir 60.000 solicitudes, por lo que tachan de “absolutamente insuficiente” lo que les traslada el Gobierno central (un 90% de esos 15,9 millones, especifican).

Su intención es agilizar al máximo los 34 millones correspondientes a las ayudas del Plan Estatal de Vivienda para 2020 y 2021, tanto para personas vulnerables por la COVID–19 como para el resto de los potenciales beneficiarios. En la última convocatoria dieron 4.200 ayudas tras recibir 28.000 solicitudes, de las cuales la mitad cumplían los requisitos mínimos exigidos, es decir, que 10.000 quedaron fuera pese a estar dentro de los supuestos para recibir esta subvención.

Por su parte, la Generalitat Valenciana está recibiendo una media de unas 1.000 solicitudes al día. “Muchas personas están viviendo una situación muy complicada y confían en las ayudas para atender el pago parcial o total del alquiler”, señalan fuentes del gobierno autónomo. A su juicio, “las administraciones deberían plantearse la necesidad de ampliar la dotación para las ayudas si fuera necesario en vista de la elevada demanda”.

Por su parte, el Ministerio de Transportes remarca que las comunidades son competentes en materia de vivienda y deberían poner los recursos para afrontar la emergencia, aunque los completen con las transferencias estatales. “Se les trasladó toda la anualidad del plan de vivienda más 100 millones adicionales, y les dijimos que podían dedicar a la crisis de la COVID–19 los recursos que quisieran del total, o aportar ellos dinero adicional”, subrayan.

Créditos ICO para el alquiler

Además de las ayudas directas, el Gobierno ha avalado una línea de crédito bancario de 1.200 millones de euros. De hecho, su apuesta es que esta sea una opción preferente frente a las ayudas, y que éstas se dediquen a quienes vean imposible hacer frente a la devolución. En todo caso, la principal vía de solución de estas situaciones debería ser la negociación y acuerdo entre propietario e inquilino, consideran.

Las ayudas vía microcrédito establecen el límite de ingresos del hogar del solicitante en cinco veces el IPREM, por lo que son en principio accesibles para más personas que las ayudas directas, que ponen el límite en tres veces el IPREM (este año establecido en 548,60 euros al mes).

El programa, que implica que los inquilinos pidan microcréditos sin intereses en distintas entidades bancarias a devolver en hasta diez años, ha arrancado con cierto retraso, entre críticas de asociaciones como la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

“Han pasado casi dos meses desde el anuncio de esas medidas de apoyo a los alquileres de vivienda y se van haciendo efectivas con cuentagotas”, señalaba la OCU en un reciente comunicado. Entre otras cosas, la crítica que lanzaban era que pocas entidades se habían adherido al plan. Pero en la última semana se han firmado convenios con grandes bancos como Sabadell, Bankia, Santander y BBVA. Fuentes de una de las entidades que ofrecen ya estos microcréditos explican que el “retraso” en la firma se ha debido a complicaciones en la adaptación de los sistemas informáticos a esta línea de créditos y a la cantidad de nuevos productos, como créditos avalados a pymes y autónomos o moratorias hipotecarias, a las que están haciendo frente en los últimos meses debido a la crisis sanitaria. En todo caso, recuerdan que los créditos al alquiler son retroactivos desde el 1 de abril.