La ley de solvencia se aprueba pese al rechazo de nacionalistas y socialistas

El Congreso dará hoy el visto bueno final al proyecto de ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito con la votación de una batería de enmiendas del Senado y con el rechazo claro de nacionalistas y socialistas, que critican las competencias que asume el Ministerio de Economía.

A falta de que se produzca la votación, la mayoría de los grupos parlamentarios han mostrado su disconformidad porque para el diputado Joan Coscubiela, de La Izquierda Plural, el proyecto de ley “no es lo que la sociedad necesita” y “nace viejo”.

Además, al contrario de la idea expresada por Álvaro Anchuelo de UPyD de que “las enmiendas del Senado no modifican nada”, Coscubiela ha lamentado que durante su paso por la Cámara Alta el PP haya aprovechado para introducir un bloque de enmiendas que refuerzan las competencias del Ministerio de Economía.

Lo mismo de lo que se ha quejado el PSOE, pues el ex ministro Valeriano Gómez ha reprochado al PP que enmendara la ley de cajas apenas cinco meses después de su aprobación para que Economía sea quien ejerza el protectorado de una fundación que posee una entidad con un 40 % de los depósitos fuera de una comunidad, como La Caixa.

“En la práctica, lo que se hace es que todas las fundaciones bancarias, todas, serán tuteladas por el Ministerio de Economía”, ha reprochado el diputado socialista minutos después de que Antoni Picó, de CiU, criticara que la norma vulnere competencias de la Generalitat de Cataluña.

“Mi grupo no puede avalar esta vulneración y esta pérdida de competencias para Cataluña, aunque compartíamos el objeto del texto”, ha sentenciado el diputado nacionalista.

No obstante, a pesar del claro rechazo del grupo socialista y del catalán a la norma, el diputado del PP Rogelio Araújo ha aprovechado su turno de palabra para pedirles “reflexión y apoyo al texto”.

“Siento que no se haya podido llegar a un acuerdo consensuado”, ha añadido, al tiempo que insistía en que el proyecto de ley tiene el objetivo de que las entidades estén mejor preparadas para afrontar futuras crisis.

La norma incorpora los acuerdos internacionales adoptados en respuesta a la crisis financiera de 2008 y con carácter preventivo frente a futuras turbulencias, y está dividida en tres bloques.

El primero de ellos aborda el régimen jurídico de las entidades de crédito, en el que se incluyen los requisitos de autorización, idoneidad, honorabilidad y gobierno corporativo, así, por ejemplo, se limita el sueldo variable al 100 % del salario fijo, a no ser que los accionistas autoricen expresamente un máximo del 200 %.

El segundo bloque se dedica a la supervisión prudencial y a su solvencia, así como al régimen sancionador y fija por primera vez la obligación expresa del Banco de España de presentar al menos una vez al año un programa supervisor que recoja las actuaciones que va a tomar y que incluirá la elaboración de un test de estrés.

Por último, el tercer bloque modifica la Ley de Mercados de Valores para adaptarla a la norma europea y se modifica la composición de la Comisión Gestora del Fondo de Garantía, en la que el sector privado perderá su tradicional mayoría.