El Supremo alemán refuerza la posición de los afectados por los motores diésel de VW

El Tribunal Supremo alemán consideró este viernes que los dispositivos ilegales que instaló Volkswagen en sus motores diésel son un “defecto material”, lo que refuerza la posición de millones de clientes damnificados por el fraude de las emisiones contaminantes y eleva su posibilidad de éxito en caso de que reclamen ante la Justicia.

En un auto el alto tribunal se pronunció por primera vez sobre esta controvertida cuestión, señalando que en base a “interpretaciones jurídicas provisionales” se “debería partir de la base” de que estos programas informáticos son “un defecto material”.

También es posible, apuntan medios alemanes como el Süddeutsche Zeitung, que las autoridades ahora decidan retirar los permisos de circulación de los vehículos afectados con este “defecto material”, con lo que muchos damnificados no podrían conducir sus coches.

El Tribunal Supremo tomó esta decisión por la denuncia de un ciudadano que se querelló contra su concesionario tras comprar en 2015 un Volkswagen Tiguan y comprobar años más tarde que incorporaba uno de estos dispositivos ilegales.

El cliente exigió entonces un vehículo nuevo con iguales características (o superiores) algo a lo que se negó el concesionario alegando que desde 2016 se producía un nuevo modelo de ese vehículo que era más grande y potente.

Entonces el cliente acudió a la justicia y, tras la decisión de la Audiencia de Bamberg, que no le dio la razón, su caso llegó al Tribunal Supremo.

La primera sesión del juicio en el Supremo estaba prevista para el próximo miércoles, pero ambas partes llegaron a un acuerdo previo y el cliente retiró el recurso. No obstante, el alto tribunal decidió pronunciarse sobre el caso.

Se estima que en la actualidad cientos de miles de conductores de vehículos diésel de Volkswagen han denunciado a sus concesionarios o directamente al fabricante automovilístico por el escándalo del fraude en las emisiones de gastos contaminantes.

El Tribunal Supremo acogerá un juicio a este respecto por una demanda colectiva de más de 400.000 propietarios.

Volkswagen instaló en millones de sus vehículos diésel un software que limitaba el funcionamiento del filtro del motor en muchas más condiciones de lo legalmente permitido, lo que hacía que en la práctica estos vehículos contaminasen mucho más de lo que se registraba en las pruebas en laboratorio y por encima de los límites europeos.