El Gobierno tratará de despejar incertidumbres con una declaración política para el taxi y la VTC
Los taxistas decidieron este miércoles por la noche finalizar sus protestas, al menos por el momento. Han preferido dar un voto de confianza al Gobierno por las propuestas que trasladó a las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Transporte sobre la problemática de las licencias de los alquileres de vehículos con conductor (VTC). Básicamente, se concretan en el anuncio de un instrumento jurídico en septiembre para trasladar a las regiones la gestión de las VTC, y que éstas puedan hacerlo a su vez con los ayuntamientos.
Pero antes, este mismo viernes, el Consejo de Ministros va a aprobar una declaración política “que recoja la hoja de ruta para fijar un marco ordenado y estable del transporte de viajeros en vehículos de turismos (taxi y VTC) con el objetivo de reequilibrar la actividad de ambos sectores, una vez constatado que la ratio recogida en la legislación actual no se cumple”.
La tercera pata del plan es que, en el plazo de tres meses, se va a buscar una solución a uno de los principales retos: la abundancia de licencias VTC frente a las del taxi, que supera la ratio 1/30 que marcó la ley hasta 2009 y desde 2013. En el intervalo se eliminó este requisito y se estima que se concedieron unas 10.000 licencias que van siendo consideradas legales en un goteo de sentencias. En la actualidad en España hay 64.961 licencias de taxi y unas 9.000 autorizaciones para conductores VTC. Esto significa que hay algo más de 7 taxistas por cada conductor de Uber o Cabify, una proporción muy alejada del Reglamento de Ordenación del Transporte Terrestre.
Maria José Landaburu, secretaria general de la Unión de Autónomos UATAE, cree que a pesar del cese del paro “siguen las incertidumbres” y por eso es un parón temporal que dependerá de lo que ocurra a partir de septiembre. “Los taxistas llevan años viendo cómo los políticos les marean”, ha explicado. En cuanto a la normativa para que las comunidades ejerzan las competencias que ya tienen transferidas sobre VTC ha considerado que la medida puede ser “muy útil”.
En lo que concierne a la solución para las licencias VTC sobrantes, Landaburu es tajante: “las licencias se dan y se quitan, es una decisión administrativa. Se hace con estancos, farmacias, con todo. Hay miles de licencias VTC paradas, para especular. Pues se anulan”.
Fuentes de Unidos Podemos celebran “la victoria de los taxistas, que han peleado por sus derechos y los de todos y todas”. A su juicio “las transnacionales con sede en paraíso fiscal, que utilizan técnicas de ingeniería fiscal para eludir impuestos, están intentando construir un monopolio privado sin ningún tipo de control público que pone en peligro el derecho a la movilidad, los servicios públicos y más de 100.000 puestos de trabajo en España”.
Lejos de esta impresión, Ciudadanos considera “una chapuza” que el Gobierno “pase la patata caliente a las comunidades autónomas y los ayuntamientos”. “Desde luego, no creemos que la solución pase por trocear la legislación nacional en 17 normativas autonómicas. El gobierno no quiere afrontar un problema cuya respuesta debe venir desde el ámbito nacional y europeo”, opinan.
Como solución, creen que “hay que hacer una transición hacia una reconversión del modelo que en ningún caso pasa por prohibir, sino por establecer condiciones”. Para ello, rechazan la retirada de licencias VTC otorgadas legalmente o de “restringir artificialmente la competencia”. “A Rajoy le pasó algo parecido con la estiba, y ahora, a Sánchez, le pasa lo mismo con el taxi. PP y PSOE siguen anclados en regulaciones de los 80”, añaden.
