Técnicos de PwC no se sorprendieron por el riesgo del ladrillo de Bancaja

Técnicos de PwC han asegurado este martes ante la Audiencia Nacional que en su estudio de las siete entidades que conformaron el grupo BFA-Bankia no les sorprendió el riesgo que presentaban los activos inmobiliarios de Bancaja, ya que “en aquel momento”, finales de 2010, el ladrillo era un problema para todo el sector.

Así lo ha manifestado como testigo José María Sanz, socio de la firma y autor del informe que elevaba hasta 11.500 millones la pérdida esperada en los tres años posteriores a la fusión, junto al que también ha comparecido su compañero Justo Antonio Alcocer, quien ha dicho desconocer los detalles de la valoración de tales activos.

A preguntas de la fiscal Carmen Launa, Alcocer ha explicado que tales aspectos fueron analizados por un grupo especializado, por lo que no puede clarificarlos al ser “una parte mucho más técnica del trabajo”.

En concreto, el interrogatorio del Ministerio Público se centraba en las advertencias de PwC sobre los activos inmobiliarios de Bancaja, los cuales suponían, según el documento, “una de las áreas de mayor riesgo potencial en el grupo BFA-Bankia”.

Para ello, ha relatado Sanz, dispusieron de información sobre los suelos, “si eran rústicos, urbanos, promociones, locales, y su geografía, y con todo eso se hacían estimaciones a futuro” de cara a saber cuál era su valor de mercado.

Sin embargo, la labor de los técnicos no era analizar el cumplimiento de la normativa contable ni si el tratamiento que el grupo financiero pretendía dar “era adecuado o inadecuado”.

El informe no era vinculante para la entidad, ha matizado el socio de PwC, sino que ésta debería evaluar si tales observaciones eran “importante o no y tomar las decisiones adecuadas”.

Ambos se han referido a la información sobre Banco de Valencia de la que dispusieron a la hora de elaborar su escrito, datos que en su mayoría conocieron “a través de Bancaja”, al ser su principal participada.

Sanz ha reconocido que manejaron cifras sobre el riesgo de crédito, no así de los acreditados más grandes, y que no tuvieron reuniones de trabajo con la dirección de la entidad levantina “porque no hubo ni tiempo ni oportunidad”.

Alcocer ha indicado que no recuerda que “fuera una problemática” en tanto que la información venía consolidada en Bancaja, y, aunque ha dicho que “no se hizo un análisis pormenorizado de algunas partes”, Banco de Valencia no era objeto específico de su trabajo.

Han aludido en el tramo final a la contabilización de los ajustes efectuados por el grupo en el momento de la integración y han aclarado que, si bien en el primer año pueden cargarse contra patrimonio, lo que afectaría a la solvencia, en los años posteriores “irá a la cuenta de los resultados”.

Sobre dicho informe se pronunció el expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, en su declaración el pasado enero.

Tal como detalló entonces a la sección cuarta de la sala de lo Penal, tras conocer la cifra de provisiones sugerida por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), 6.300 millones, decidió contrastarla con otros dos, los cuales elevaban las exigencias, motivo por el que pidió una tercera estimación a PwC que propuso contar con más de 11.000 millones de euros.

Finalmente “fueron de 13.000 millones de euros”, indicó el exministro, quien se alegró de que ésta fuera la “única vez en la que los Consejos de Administración y las entidades no siguieron las instrucciones del FROB”.

Rato, que actualmente cumple condena por las tarjetas “black” de Caja Madrid, se enfrenta a cinco años de prisión que solicita para él la Fiscalía Anticorrupción, la cual también reclama penas de entre cuatro años y dos años y siete meses de cárcel para los otros tres exadministradores del grupo (José Luis Olivas, José Manuel Fernández Norniella y Francisco Verdú) por estafa a inversores.

Delito al que se suma el de supuesta falsedad contable las acusaciones particulares y populares, que elevan hasta doce años de cárcel su petición para los antiguos gestores, otra treintena de exdirectivos y el socio auditor.

En esta sesión ha comparecido también como testigo el experto de Analista Financieros Internacionales (AFI) Enrique Martín, quien ha sostenido que más allá de las posteriores variaciones macroeconómicas y sin sesgo retrospectivo, el plan de integración de Bankia “era viable”.