Telefónica fija el 31 de octubre como fecha tope para adscribirse a las bajas

Telefónica ha propuesto a los sindicatos poner en marcha el mismo Programa de Suspensión Individual de Empleo (PSI) voluntario que en 2016, con un 68 % del salario y que el plazo de adscripción al mismo concluya el 31 de octubre, según han informado a EFE fuentes sindicales.

Este es el planteamiento que ha hecho la compañía hoy en la reunión de la mesa negociadora del convenio colectivo, después de que el Consejo de Administración de la empresa diera ayer el visto bueno a un PSI para los trabajadores de 53 años, es decir, los que hayan nacido en 1966 y en años anteriores, y tengan una antigüedad de 15 años o más.

La compañía prevé gastar unos 1.600 millones de euros en este plan, cuya vigencia concluirá el 31 de diciembre.

Según las fuentes sindicales, los representantes de los trabajadores no han dado respuesta a la propuesta de la empresa, si bien a priori no lo ven lesivo teniendo en cuenta que se reproducen las condiciones de los planes anteriores y tiene carácter voluntario para la totalidad de la plantilla.

Los sindicatos calculan que unos 4.200 trabajadores se pueden ver afectados por este plan, alrededor del 20 % de la plantilla (21.500) aunque lógicamente no todos se adherirán al mismo.

Esta propuesta se ha hecho en la mesa negociadora, que lleva desde junio tratando el convenio colectivo.

En esta negociación, la empresa ha planteado la subida de un 1,5 % salarial al año y que este convenio tenga una vigencia de tres años, a los que se suma uno de prórroga.

La próxima reunión será para la semana que viene, el 19 ó el 20, según las fuentes.

La empresa, que no ha valorado la reunión de hoy con los sindicatos, garantiza la percepción de una renta mensual equivalente al 68 % del salario regulador acreditado en el momento de la suspensión hasta que cumpla 65 años; y además realizará las aportaciones obligatorias del Promotor al Plan de Pensiones Asistencia Sanitaria.

Telefónica prevé ahorrar con este plan a partir de 2021 unos 220 millones de euros anuales, según informó ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), tras tratar este punto en el Consejo de Administración.