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La travesía de los "sin tierra" por hacerse oír

La travesía de los "sin tierra" por hacerse oír

La travesía de los "sin tierra" por hacerse oír

Desde Brasil a Filipinas, los movimientos "sin tierra" comparten el deseo de elevar sus voces ante el riesgo de ser silenciados frente al progresivo acaparamiento de terrenos agrícolas en sus países de origen.

Salete Carolo es una dirigente brasileña del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) que defiende la ocupación de latifundios improductivos como "método de lucha" para denunciar la concentración de la tierra y pedir al Gobierno una reforma agraria.

Comparte experiencia con las 480.000 familias que, según contó en una reciente charla en Roma, han logrado asentarse y producir en tierras de su país, lo mismo que persiguen otras 120.000 familias repartidas aún en campamentos.

Carolo insiste en "democratizar la propiedad de la tierra y distribuirla entre aquellos que quieren trabajarla", una reivindicación histórica de este movimiento social creado en 1984.

Rhoda Gueta, coordinadora de la Coalición Campesina de Asia, subraya que el acaparamiento de terrenos por parte de grandes empresas no deja de repetirse en numerosas regiones.

Esta filipina afirma que siete de cada diez personas no tienen tierra en Mindanao, la isla más empobrecida de su país natal, lo que representa una de "las raíces del hambre y el conflicto".

Enumera de carrerilla las "agresiones" que han forzado a miles de personas a abandonar sus hogares en países como Afganistán, Pakistán, Indonesia o la India, tras ver pasar sus tierras ancestrales a unas pocas manos foráneas, más interesadas en negocios de inversión y exportación.

En África, que todavía arrastra su pasado colonial, el pequeño agricultor keniano Justus Lavi explica cómo la estrategia ha sido la misma en distintas partes del continente: "Nos tomaron las tierras agrícolas y nos juntaron en cooperativas. Nos hicieron poner dinero para dárselo al Gobierno y así comprárselas de nuevo a los colonos".

Ni siquiera eso evitó que muchos terratenientes se negaran a marcharse en Kenia, donde después de la independencia en 1963 la ausencia de una política de tierras impidió que parte de la población pudiera recuperarlas, según Lavi.

Un aspecto crucial en la adquisición de tierras es la consulta previa a las comunidades que las poseen o usan, aunque, como denuncian los grupos sociales, a menudo sus opiniones no se tienen en cuenta y sus voces son acalladas.

Difícil resulta igualmente seguir el rastro de los acaparamientos y los desplazamientos que ocasionan en los países pobres.

La investigadora del Instituto Alemán de Estudios Globales y Regionales (GIGA, por sus siglas en inglés) Kerstin Nolte destaca a Efe la dificultad de cuantificar su alcance ante la falta de datos.

El último informe de Land Matrix, una iniciativa en la que ha colaborado y que trata de arrojar algo de luz, cuantifica en unas mil las compras cerradas de terrenos para agricultura a gran escala, que cubren cerca de 27 millones de hectáreas en distintas partes del mundo.

Solo hay información de los antiguos usuarios en 298 de esos acuerdos: un tercio de la superficie la utilizaban las comunidades campesinas para agricultura y un 5 %, los pastores.

Apenas se reportan 89 casos de desplazamientos, entre ellos 57 proyectos que implican un traslado físico, generalmente de "un gran número de personas", según Nolte.

Para el experto de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO) Javier Molina Cruz, las concesiones a largo plazo de tierras otorgadas por el Estado sin consulta previa se han "agudizado" desde la crisis del precio de los alimentos ocurrida entre 2007 y 2008.

Las disputas también se generan por la competencia por los recursos entre pastores y agricultores, o por la falta de claridad en los derechos debido a la debilidad del Estado y la ausencia de mecanismos de resolución de conflictos.

A su juicio, los movimientos de los "sin tierra" pueden ayudar a poner en valor las directrices voluntarias para la tenencia de la tierra y otros recursos, aprobadas hace cinco años por el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de la ONU.

Agregó que pueden "trascender de su postura reivindicativa y ser agentes de cambio", involucrando al Estado y otros actores en el uso ordenado y responsable de los recursos.

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