Tribunal de Cuentas de la UE cuestiona el FEAG y pide estudiar alternativas

El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea (UE) cuestionó hoy la efectividad del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) y propuso estudiar su sustitución por otro instrumento más eficiente.

El FEAG, puesto en marcha en 2006 para asistir a los trabajadores despedidos como consecuencia de deslocalizaciones, aporta un valor añadido “limitado” y funciona con excesiva lentitud, según un informe publicado por el Tribunal encargado del control del gasto europeo.

La institución no cree que el fondo “sea la mejor forma de aportar este apoyo específico tan necesario” para los trabajadores y considera que “se lograría mayor eficacia con una simple adaptación del Fondo Social”, otro instrumento comunitario más amplio pensado para impulsar el empleo.

El Tribunal de Cuentas reconoce que las medidas financiadas con el FEAG han sido positivas y han estado “bien coordinadas”, pero critica que en muchos casos “comprendían medidas de apoyo a la renta que habrían sido facilitadas por los Estados miembros de todas formas”, partidas que representan un tercio del total desembolsado.

Además, criticó que no se hayan fijado “objetivos cuantitativos de reinserción” de los trabajadores y que los datos existentes no sean “adecuados para evaluar la eficacia de las medidas” en este ámbito.

Por ello, los auditores europeos recomiendan a los países que tomen medidas para garantizar que se cuenta con esa información y que consideren limitar la financiación a “medidas que pueden aportar valor añadido europeo”.

Al mismo tiempo, insta a las instituciones comunitarias a considerar “como alternativa al actual régimen FEAG, la posibilidad de adaptar el marco del Fondo Social Europeo y su asignación de fondos a fin de apoyar con mayor rapidez a los trabajadores afectados por los despidos colectivos”.

El FEAG, que cofinancia en un porcentaje del 50 % o del 65 % medidas nacionales para apoyar a los trabajadores despedidos a causa de la globalización, abonó más de 600 millones de euros entre 2007 y 2012.

La utilidad del fondo ya había sido cuestionada con anterioridad por algunos países europeos, como Alemania, Austria, Holanda o Reino Unido, que propusieron su eliminación.