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El Tribunal Supremo eleva las penas a los dos condenados por Eurobank
El Tribunal Supremo ha elevado las penas a los dos condenados por el caso Eurobank, María Vaqué Molas y Manuel Vicente Fernández Nieto, al estimar que hubo apropiación indebida además de administración desleal.
La Sala Segunda ha estimado así parcialmente el recurso de la Fiscalía contra la sentencia de la Audiencia Nacional de abril de 2017, y ha decidido elevar de 2 años y 3 meses a 3 años y 6 meses de prisión la condena a Vaqué Molas, y de 1 año y 1 mes a 1 año y 9 meses a Fernández Nieto, como responsables de un delito continuado de administración desleal y apropiación indebida.
En la sentencia conocida hoy, el Supremo señala que los delitos se cometieron mediante la constitución de un grupo de sociedades para realizar operaciones con entidad bancaria a través de una persona con facultades para causar perjuicio a la misma, y además una apropiación de dinero de la propia entidad hasta provocar su disolución y el consiguiente perjuicio a sus accionistas.
De ahí que estime la comisión de ambos delitos, además de mantener la responsabilidad civil que supone que Vaqué Molas y Fernández Nieto deberán indemnizar solidariamente a los accionistas con 5,1 millones de euros; María Vaqué tendrá además que indemnizar a los accionistas 4.4 millones de euros más los intereses legales.
Los hechos se remontan a 2003, cuando el Banco de España intervino Eurobank después de que su entonces presidente comunicara su propósito de renunciar a la licencia bancaria.
Un mes más tarde, un juzgado de Madrid declaró la suspensión de pagos, una quiebra por la que la Fiscalía Anticorrupción, 53 acusaciones particulares y una asociación de socios interpusieron acciones legales contra 14 personas por varios delitos.
La sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que condenó a Vaqué y Fernández Nieto absolvió a otros once acusados, pero el que fuera presidente de la entidad, Eduardo de Pascual, no pudo ser juzgado al encontrarse en situación de rebeldía.
En junio de 2017, el Gobierno aprobó la solicitud de extradición a Burkina Faso de Eduardo Pascual Arxe, que había sido detenido en aquel país.
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