La UE sigue dispuesta a aprobar su impuesto digital si no hay una tasa global

La Unión Europea (UE) reiteró este martes su intención de aprobar su propio impuesto a las empresas digitales si las discusiones en la OCDE para crear una tasa internacional no resultan exitosas, pero insistió en que una solución global evitaría problemas.

“Si la solución internacional tarda en materializarse, la Comisión Europea ya ha propuesto una solución para toda la UE porque creemos que también es importante evitar la proliferación de diferentes regímenes fiscales en todos los Estados miembros”, declaró el vicepresidente económico de la CE, Valdis Dombrovskis.

El político letón se pronunció en ese sentido durante una rueda de prensa tras una reunión de ministros de Economía y Finanzas de los Veintiocho, en la que debatieron los progresos en la negociación que se desarrolla en la OCDE para llegar a un acuerdo internacional sobre la tasa digital.

Dombrovskis recalcó que la aparición de impuestos digitales en los diferentes Estados “afectaría negativamente a la integridad del mercado único”, pero dijo entender que si la solución comunitaria también se retrasa, los países “den sus pasos”.

“Los Estados miembros están perdiendo ingresos por impuestos reales”, señaló, y añadió que las compañías digitales “de media” pagan un tercio de la factura fiscal que abonan las convencionales.

A Francia, sin embargo, aprobar su impuesto digital le ha valido un enfrentamiento con Estados Unidos, que considera que la medida perjudica a sus empresas y ha amenazado con aranceles.

De hecho, el debate en la UE llega un día antes de que el ministro de Finanzas galo, Bruno Le Maire, y el secretario del Tesoro de EEUU, Steve Mnuchin, se reúnan mañana en el Foro de Davos dentro de las negociaciones que iniciaron hace unos días para evitar el conflicto comercial.

El Gobierno español, por su parte, “no excluye” proponer ese impuesto digital a nivel nacional, según declaró durante una rueda de prensa la vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño.

Así las cosas, la Comisión sigue considerando que la mejor opción sería un impuesto global pactado en la OCDE porque “resolvería problemas” como los que viven Francia y Estados Unidos.

Se espera que la OCDE pueda tener para finales de enero un primer acuerdo sobre el denominado Pilar I; es decir, sobre el modo de asignar los beneficios de las empresas digitales a una jurisdicción para que pague impuestos en ella.

A partir de ahí, el plan es que para junio pueda haber un acuerdo sobre el Pilar II; es decir, sobre el nivel mínimo de impuestos que deberían pagar las multinacionales en todos los países para garantizar que no trasladan beneficios a otras jurisdicciones.

Dombrovskis reconoció que se ha visto “cierto progreso” en el primer pilar, pero admitió preocupación “por la falta de progreso” en el segundo.

La UE acordó el año pasado que si para finales de 2020 no hay un acuerdo global, retomará la propuesta de una tasa comunitaria.

INVERSIONES SOSTENIBLES

En otro orden de cosas, la Comisión presentó a los ministros el Plan Europeo de Inversiones Sostenibles con el que prevé movilizar un billón de euros en inversión pública y privada durante una década para la transición ecológica del continente.

De momento, el elemento que más controversia ha suscitado entre los países es el Fondo de Transición Justa para ayudar a las regiones que tengan más dificultades para “reverdecer” sus economías.

La Comisión plantea dotarlo de 7.500 millones de euros del presupuesto europeo -dinero adicional al incluido en la propuesta ahora sobre la mesa- y que los países lo complementen después con parte de los fondos de cohesión europeos que reciban y con dinero de sus presupuestos nacionales.

Ahora bien, el reparto que Bruselas ha hecho de esta cuantía ha dejado descontentos a varios países, entre ellos España, que optaría a solo un 4,1 % (307 millones de euros).

Calviño señaló que el Gobierno está “totalmente de acuerdo con el objetivo de garantizar una transición justa”, pero que el fondo se ha planteado pensando en apoyar las regiones más afectadas sobre todo en el sector del carbón, mientras que a juicio de España deberían tenerse también en cuenta “otras consideraciones”.

La ministra había señalado este lunes además que el fondo debe dar los “incentivos adecuados”, es decir, no remunerar a los menos comprometidos con la transición ecológica, y garantizar que hay una competencia igualitaria entre los países de la UE.

Calviño evitó criticar la asignación para Polonia, que se llevará más del 25 % del Fondo, 2.000 millones de euros, pese a ser el único país que no ha apoyado alcanzar la neutralidad climática en la UE en 2050.

Según fuentes europeas, el primer debate en el consejo ha mostrado que los países están divididos fundamentalmente en torno a tres cuestiones: si los 7.500 millones de euros deben ser dinero adicional o reasignarse de otras partidas, la cuantía exacta que recibirá cada país y los criterios para asignarla.

Mientras algunos se niegan a dar más volumen al presupuesto, otros insisten en que el Fondo no puede costearse a expensas de los fondos de cohesión o agrícolas.

El diseño final se acordará en las negociaciones sobre el presupuesto plurianual para 2021-2027.