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UGT pide al Gobierno que intervenga ante el desmantelamiento de Siemenes Gamesa

UGT pide al Gobierno que intervenga ante el desmantelamiento de Siemenes Gamesa
Madrid —

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Madrid, 13 oct (EFE).- El sindicato UGT FICA ha advertido de que el fabricante de aerogeneradores Siemens Gamesa está desmantelando poco a poco sus infraestructuras productivas en España y ha pedido al Gobierno que intervenga en la empresa, vía SEPI, para evitarlo.

En agosto, Siemens Gamensa anunció el cierre de sus instalaciones de Aoiz, en Navarra y con 240 trabajadores, y dos meses más tarde comunicó su intención de no realizar ninguna inversión en Galicia, concretamente en Somozas, “dejando tirados a 300 trabajadores con un modelo de pala para el que solo garantizan carga de trabajo para los próximos dos meses”, ha asegurado a Efe desde UGT.

Ahora, han amenazado con llevarse los prototipos asignados a Ágreda (Soria) a Dinamarca, han advertido las mismas fuentes, que han subrayado que “todo apunta” a que estudian la venta de Gamesa Electric, con 600 trabajadores repartidos entre Cantabria, Madrid, Valencia, y Gamesa Energy Transmisión, con 550 empleados en País Vasco, Burgos y Galicia.

“No corre mejor suerte el departamento de I+D en España (...) en las últimas fechas se ha añadido el despido de uno de sus últimos directores de ingeniería en 'Onshore' hasta la fecha, y cuyo trabajo pasarán a desempeñar y liderar desde Dinamarca”, según UGT FICA.

Ante este “paulatino desmantelamiento”, el sindicato ha reclamado al Gobierno que revise la actuación del grupo Siemens en todo el proceso desde la compra de Gamesa “toda vez que los hechos apuntan a que verdaderamente no hay un interés industrial por España y todas las actuaciones llevadas a cabo van encaminadas en sentido contrario”.

La unión de ambas compañías se remonta a 2016 y, según UGT, habría que revisar la exención de lanzar una OPA que se le concedió a Siemens cuando alcanzó la mayoría del capital en Gamesa alegando que se trataba de un proyecto industrial..

Además, UGT ha urgido a que el Gobierno participe, a través de la SEPI, en el capital de la compañía “con el objeto de evitar la pérdida de empleo y conocimiento de España como país en este tipo de tecnologías que todos los españoles han conseguido con el pago de sus impuestos”.

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