Los usuarios de las “black” afinan su estrategia antes de la batalla judicial

Los 66 investigados por las polémicas tarjetas opacas de Caja Madrid afinan su estrategia legal poco antes de conocer las fechas en las que la Audiencia Nacional celebrará el juicio que sentará en el banquillo al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato.

Como han explicado a Efe fuentes jurídicas, la sensación que comparten los investigados es que Anticorrupción, que pide 6 y 4,5 años de cárcel para los expresidentes de Caja Madrid Miguel Blesa y Rodrigo Rato como máximos responsables, está siendo influenciada por factores externos al proceso.

Aunque la Fiscalía no será el único obstáculo de los encausados, que además tendrán que defenderse de las acusaciones particulares, del FROB y de la propia Bankia, que solicitan penas de entre 6 y 10 años de cárcel por posible administración desleal de los exmiembros del consejo, y apropiación indebida por el resto de investigados.

Algunos investigados ya han remitido a la Audiencia Nacional los escritos en los que sostienen su inocencia y donde solicitan al juzgado las pruebas documentales, testificales y periciales pertinentes de cara a justificar su estrategia.

En su escrito de defensa, al que ha tenido acceso Efe, Rato expone que su uso era una práctica plenamente aceptada cuando accedió al cargo, que estaba incluida en su contrato y era conocida por Hacienda y por los supervisores.

La defensa de Rato alega que “la entrega y el uso” de dichas tarjetas por parte de consejeros y directivos era una práctica “notoria” en Caja Madrid, establecida antes de su llegada a la entidad y en la que Rato “no tuvo ninguna participación” en su puesta en marcha.

Su antecesor en el cargo, Miguel Blesa, aduce que se trataba de una práctica establecida por su predecesor en el cargo, Jaime Terceiro, para “dignificar” la función de los consejeros y compensar sus esfuerzos y dedicación.

De este modo, Blesa habría hecho uso de las tarjetas bajo el régimen establecido por Terceiro, y los gastos efectuados estaban registrados en la contabilidad de la entidad “sin exigirse jamás justificación de los mismos”.

El exconsejero de la caja y expresidente de la Asamblea de Madrid Jesús Pedroche argumenta en su defensa que las tarjetas eran una remuneración en concepto de representación, como demuestra la denominación de la cuenta en la que se cargaban los gastos, “619202 gastos de órganos de gobierno mayo88”, en alusión a la fecha del acuerdo -mayo de 1988-.

Además, considera que “no vulneraban la legislación”, y recuerda que, como sucede en política, no existe obligación de justificar el importe mensual de estos gastos de libre disposición.

Por su parte, el letrado del exdirector de la Fundación Caja Madrid y exjefe de la Casa Real Rafael Spottorno resalta que no existe razón para la acusación, puesto que ni Bankia ni su matriz BFA consideran que ha incurrido en delito alguno.

Asimismo, explica que Spottorno recibió dos tarjetas, una como complemento retributivo por su cargo de directivo, y otra por gastos de representación en su condición de director de la Fundación, que podía utilizar libremente, por lo que solicita la libre absolución al no existir responsabilidad ni criminal ni civil.

Mientras que el exejecutivo de Caja Madrid y “número dos” de Miguel Blesa, Matías Amat, argumenta que no es “responsable ni a título de autor ni de cooperador necesario” de apropiación indebida porque no conocía “ninguna supuesta irregularidad en la gestión y contabilización de las tarjetas”.

Además, considera que en la instrucción se ha corroborado la “naturaleza retributiva” de éstas, así como el control mensual de los gastos tanto por parte de Caja Madrid como de Bankia, aunque se desmarca de la adopción de decisiones sobre su expedición y entrega.

También han remitido a la Audiencia sendos escritos de defensa el expresidente de la Cámara de Comercio de Madrid Arturo Fernández, y su exvicepresidente primero Miguel Corsini, que anunciaron su dimisión en el cargo hace dos semanas.

Fernández dice que “jamás” dudó de la “licitud, procedencia y corrección” de su tarjeta, y manifiesta que de haber albergado la más mínima sospecha, “no habría utilizado y hubiera puesto de manifiesto dicha circunstancia ante la propia Caja”.

Los investigados tratarán de esquivar la acusación de apropiación indebida después de que el Supremo, en su sentencia 905/2014, la considerase de mayor gravedad que la administración desleal por ser una “distracción patrimonial permanente”.