La “voluntad del dictador” impuso el rechazo a las demandas del canal de Nicaragua, dice ONG

Un organismo defensor de los derechos humanos en Nicaragua dijo hoy que se impuso la “voluntad del dictador”, en alusión al presidente del país, Daniel Ortega, en el rechazo judicial a una treintena de recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra la ley de concesión del canal interoceánico.

“En Nicaragua no existe un Poder Judicial independiente. Los recursos y las leyes son letra muerta”, denunció la presidenta del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, al ser consultada por periodistas sobre la decisión de la Corte Suprema de Justicia de denegar los recursos de inconstitucionalidad contra la ley del canal.

“Ellos, más que jueces, son operadores políticos”, dijo sobre los magistrados.

Agregó que “allí lo que rige, en el actuar del Poder Judicial, no es ninguna consideración de carácter jurídico, sino que se impone la voluntad del dictador”.

El Cenidh fue uno de los recurrentes contra la concesión.

La Corte declaró sin lugar los 32 recursos presentados por organizaciones defensoras de los derechos humanos, partidos, ambientalistas, empresarios y personajes prominentes de Nicaragua, entre otros, contra la ley de concesión del canal interoceánico que construirá la compañía china HKND Group con una inversión cifrada por el Gobierno en 40.000 millones de dólares.

La sentencia, con fecha del 10 de diciembre, fue notificada a los recurrentes ayer y en ella los magistrados de la Suprema, la mayoría de tendencia sandinista, declararon como “no ha lugar al recurso por inconstitucionalidad de la Ley Especial para el Desarrollo de Infraestructura y Transporte Nicaragüense atingente a El Canal, Zonas de Libre Comercio e Infraestructuras Asociadas”.

Los magistrados argumentaron que el proceso legislativo “cumplió con cada uno de los requisitos que establece nuestra Constitución”, y que la misma fue aprobada “con suficientes votos, lo cual le otorga más legitimidad al ser respaldada por una mayoría calificada” en la Asamblea Nacional.

La titular de la Corte Suprema, Alba Luz Ramos, explicó a periodistas que declararon constitucional la ley porque no viola la Carta Magna, ni la soberanía, ni el medio ambiente y porque prevalece el interés supremo de la nación al ser un proyecto de “gran desarrollo” para el país.

Para la activista de los derechos humanos, esas consideraciones no sustentan “semejante aberración jurídica” y pese a que ese fallo “era crónica de una muerte anunciada”, la misma “crea desesperanza en la población”.

“Lo único que uno puede esperar cuando hay hechos violatorios de derechos humanos es que haya un Poder Judicial independiente que de respuesta. Sin embargo, aquí no existe Poder Judicial independiente y eso es una de las características de una dictadura”, advirtió.

Núñez dijo que el Estado sólo está dejando espacio a la protesta, la cual, anotó, es “a lo único que reacciona” el Gobierno que preside el sandinista Daniel Ortega.

El Gobierno nicaragüense y la compañía china HKND Group firmaron el 14 de junio pasado un acuerdo marco para la construcción del proyecto Gran Canal Interoceánico, el cual contempla la concesión y explotación por 50 años, prorrogables por otros 50.

Aún se desconoce la ruta del canal, y una compañía británica está a cargo de realizar los estudios de impacto ambiental y espera tenerlos listos en el plazo de un año.