Agricultores y trabajadores de astilleros: la diferencia de estar o no en la agenda pública

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido esta semana pasada el mantenimiento de los contratos de suministros militares con Arabia Saudí, principalmente por el significado económico de los mismos y los miles de puestos de trabajo que proporcionará en España la construcción de cinco corbetas para la Armada de ese país.

Este conflicto entre derechos humanos –el asesinato de un periodista saudí, o las violaciones de libertades en ese Estado- y la economía de 6.000 familias españolas, en el que todas las voces han apostado por garantizar en cualquier caso el futuro laboral de los empleados de los astilleros Navantia, lleva la mirada a un caso parecido como son las sanciones que por motivos no muy distintos Europa impuso a Rusia, y esta devolvió cerrando sus fronteras a los productos hortofrutícolas frescos, y frutos secos.

Un veto que ya dura cuatro años y en el que los agricultores y trabajadores del campo extremeño se han visto perjudicados gravemente, sin que su drama haya sido puesto sobre la mesa, ni obtuviera protagonismo en los debates del Congreso de los Diputados como ha ocurrido estos días con el futuro de los astilleros de Cádiz, Ferrol y Cartagena.

La anexión de Crimea por parte de Rusia, o el derribo de un avión achacado a ucranianos prorrusos, provocó en 2014 sanciones de la Unión Europea a ese país, que a su vez respondió con el cierre de fronteras a productos europeos.

En los cuatro años anteriores a 2015, Extremadura había exportado a Rusia productos hortofrutícolas frescos o manufacturados por unos 78 millones de euros anuales, y de ellos entre 8 y 10 millones, la fruta, tuvo a partir de 2014 cerrada la frontera.

Medidas que no compensaron

La Unión Europea estableció unas medidas compensatorias que según la Asociación de Fruticultores de Extremadura (Afruex), o las organizaciones agrarias UPA-UCE y COAG fueron muy escasas y no solucionaron el problema; retirada de producciones, campaña a favor del consumo interno…

La consecuencia es que los productores de fruta extremeños perdieron ese fuerte mercado, que estaba en alza, y vieron cómo otros territorios españoles como Aragón o Cataluña desviaban sus producciones a países tradicionalmente de las empresas extremeñas.

“Los daños no fueron tanto directos, como indirectos”, explica en ese sentido Miguel Ángel Gómez, gerente de Afruex. La guerra por vender en esos mercados produjo sobreoferta y bajada de precios, recuerda.

“La primera campaña fue un desastre y a partir de ahí problemas todos los años, desde que empezó el veto ruso en 2014”.

Las medidas paliativas aprobadas por Bruselas “resultaron claramente insuficientes, además finalizaron en junio pasado y no se han prorrogado”, protesta Ignacio Huertas de UPA-UCE. Mientras tanto el veto ruso se mantiene hasta finales de este año pero no hay visos de levantamiento.

Agricultores, y sus trabajadores, capearon el problema como pudieron, casi en silencio y solitario, mientras Occidente, Europa, mantiene el distanciamiento con Rusia. En España nadie reparó suficientemente en los perjuicios para el sector de frutas y hortalizas.

“Ahora se habla mucho del tema de los astilleros”, compara Juan Moreno, de COAG Extremadura, “pero antes nadie, nadie, se ha preocupado ni preocupa de la agricultura. A los trabajadores de Cádiz sí los defiende el Ministerio, y nosotros lo compartimos, eh”.

Repercusión económica el veto ruso la ha tenido para la región, “y grave, pero ni se habló en su día ni se sigue hablando, ni de los agricultores, ni de los trabajadores”.

El perjuicio para el campo extremeño ha sido importante, abunda desde Afruex Miguel Gómez. “Efectivamente nadie se acordó de nosotros, fue muy complicado y seguimos igual, con el veto ruso y al final quien paga siempre son los mismos”.