Agua, montaña, dehesa

Esta semana se ha celebrado en Cáceres un foro interesante de debate sobre el complejo residencial y resort Marina de Valdecañas, que ha puesto sobre la mesa las contradicciones tortuosas en las que nos movemos en Extremadura, entre lamentos continuos bajo los flagelos de que cada mes tuvimos en 2017 (último dato conocido) un saldo negativo mensual de 230 jóvenes (unos se van, pero otros vienen, que esto último no se tiene en cuenta), y la pérdida general de población.

Lo que está ocurriendo en la isla de ese pantano cacereño es una desgracia, un fracaso colectivo de la región, que nos pone ante el espejo y el diván, permanentemente psicoanalizados, y ante el dilema de si el medio ambiente es tan valioso, y por nuestra riqueza en él somos una reserva europea y fabricante de oxígeno y sumidero de CO2, cómo es posible que poseyendo ese valor tan preciado en la poderosa y rica Unión comunitaria, perdamos población.

Es como si al ciudadano no le bastara con eso para vivir confortablemente, y sobre todo los jóvenes no encontraran en él capacidades laborales suficientes como para quedarse, o volver una vez han recibido fuera de la comunidad una formación. Se gradúan en derecho, informática, ingenierías, pero no hay aquí las empresas, ni las posibilidades, para aprovechar esas cualificaciones.

En ese foro de Cáceres los promotores del complejo dijeron que el último y en teoría definitivo informe, el del los investigadores científicos de Doñana, contenía datos falsos, y algún técnico llegó a decir que era contradictorio y con debilidades.  Algo habrán visto los jueces cuando han pedido ampliación, si bien las sentencias son las sentencias y el complejo debería según ellas, en una decisión con pocos precedentes, ser demolido y devolver la isla de Valdecañas a su estado original; si bien hay opiniones jurídicas que afirman que la ejecución de sentencia también puede tener en cuenta otras cuestiones legalmente previstas.

Si todo este disparate colectivo, del que todos nos podríamos culpar en el sentido del fracaso que supone no encontrar fórmulas para conciliar medio ambiente con una cierta elevación del bienestar que al menos impida perder población y verla envejecer, acaba en un agujero para la Hacienda pública, sería para coger una depresión regional difícil de resolver.

Zonas de especial protección de las aves (Zepa), indicios de aprovechamiento de un litio hoy tan valioso en una era en la que el mundo de la automoción acelera hacia la fabricación de coches híbridos y eléctricos (con sus baterías correspondientes de litio), y ahora amagos para explorar uranio en la finca Cabra Baja que hace 29 años expropió la Junta a la duquesa de Alba, posibilidad contra la cual vecinos del suroeste de Badajoz se han manifestado este jueves en Mérida.

El complejo residencial y resort de lujo en Valdecañas ha acabado en sentencia de derribo. El posible aprovechamiento del litio en una zona de la Montaña de Cáceres no ha sido ni siquiera considerado –PP dijo no, PSOE le siguió, y Ciudadanos está a favor de estudiarlo mientras Vox lo abraza a ciegas- y ahí se quedó. Y la posibilidad del uranio ha sido paralizada por la Junta mientras se resuelven los recursos presentados, mientras los comuneros de “la Cabra” siguen abonando los millones de euros que al final ha costado la expropiación; nada menos que cinco según algunas fuentes.

En los tres casos, en los tres, se va imponiendo con rotundidad el argumento, o el corazón, medioambiental.

La economía extremeña sigue buscando su sentido, aquejada entre otras cosas por un maltrato a los productos del campo y los alimentos con manufactura de él derivados, nuestra original y verdadera riqueza; extremeños que venden el ganado al mismo precio que hace 30 años, pero que como rebaño dócil siguen, seguimos, pasando por unos hipermercados multinacionales que continuán llevándose el valor añadido  de esos desvelos.