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CCOO expulsa a dos delegados sindicales de Cáceres por firmar convenios a la baja

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José L. Aroca

En los últimos dos años 46 empresas extremeñas del sector de atención sociosanitaria, y fundamentalmente de ayuda a domicilio, han burlado el convenio estatal del sector a base de firmar convenios de empresa, a la baja, o descolgarse del acuerdo nacional, dos vías que están permitidas por la reforma laboral del PP de 2012.

En algunos casos esos convenios de empresa a la baja han sido firmados por representantes de los sindicatos de clase, lo que ha llevado a CCOO Extremadura a expulsar de la disciplina sindical a dos delegados que en la ciudad de Cáceres lideraban la representación laboral en empresas de ayuda a domicilio.

Y no son las únicas expulsiones, en la provincia de Córdoba ha habido otras cinco según ha revelado este martes en Mérida el secretario general de la Federación de Sanidad y Servicios Sociosanitarios de CCOO España, Antonio Cabrera.

Según sus datos Extremadura es la comunidad más castigada por esta aparición de convenios de empresa o descuelgues en este sector, que en la región han llevado a 1.000 trabajadores a pasar de un convenio estatal por el que cobraban un sueldo bruto mensual de 947 euros, a otro de 650, al final 550 euros netos por una jornada de ocho horas.

Son en total 46 empresas las que en estos dos últimos años han firmado o convenios de empresa a la baja, que es el caso de 19 de ellas, o solicitado el descuelgue del acuerdo sectorial estatal, que han sido otras 27, descuelgues estos últimos que se están aplicando pese a que la mayoría han sido rechazados por irregulares en las comisiones paritarias Administración-empresas-organizaciones sindicales.

“El convenio sectorial estatal no era nada del otro mundo, pero con esta táctica se están produciendo rebajas descomunales de las condiciones laborales que no afectan solo al sueldo”, clama Antonio Cabrera.

Y es que con el paso de un convenio nacional a otro propio de cada empresa, las horas anuales de trabajo se están incrementando de 1.755 a 1.826.

“O sea, con 300 euros menos al mes trabajando casi 100 horas más al año, eso está ocurriendo en Extremadura”, se queja Julián Carretero, secretario regional de CCOO.

En el camino se pierden otros derechos, como que el tiempo en ir de un domicilio a otro no se computa ya como tiempo de trabajo, añade Ángel Benito, secretario regional de sanidad en CCOO.

Casi el 40%, fuera del convenio sectorial

Al final ya el 38% de los trabajadores extremeños de atención sociosanitaria están fuera del convenio estatal, una tasa que no tiene comparación con ninguna otra comunidad.

Para ambos, Cabrera y Benito, se trata de una estrategia del sector empresarial de la región ya que “nos estamos encontrando con que los convenios de empresa son idénticos, solo cambia el nombre de la empresa, y suponemos que están saliendo de la misma gestoría”.

Además estas rebajas laborales se están cometiendo en contratos firmados generalmente con la Administración, pues la asistencia a domicilio es generalmente sostenida con fondos públicos, y se trata por tanto de contratos o con la Administración autonómica, o sobre todo con los ayuntamientos.

Según ha advertido el secretario general de CCOO Extremadura, Julián Carretero, su organización ha iniciado una campaña en tres frentes, el primero de ellos la acción sindical y la “presión” en los propios centros de trabajo, para que determinadas organizaciones o delegados sindicales “no se presten a este juego”.

Además, se denunciarán los casos ante la Inspección de Trabajo y por la vía judicial, y se habrá una reunión con responsables de la Consejería extremeña de Sanidad y Políticas Sociales, para que exijan cláusulas sociales ya que casi toda la financiación de este sector es pública.

Carretero explica que son empresas de pequeño o mediano tamaño en las que se elige a un delegado sindical o como mucho a tres, y que se sirven de ese delegado para inmediatamente después de producirse la elección hacer un convenio propio y descolgarse así del estatal.

“¿Qué denunciamos aquí?”, agrega Cabrera de la dirección nacional. “Que ha habido otras organizaciones sindicales que están entrando en ese juego, nosotros cada delegado nuestro que firme una cláusula de descuelgue o un convenio de empresa es inmediatamente expulsado del sindicato, inmediatamente, porque no podemos precarizar las condiciones laborales”.

El VI Convenio Estatal de la Dependencia fue firmado en 2012, y al texto se acogieron por aquel entonces 120 empresas extremeñas, que representaban en aquel entonces a 4.900 trabajadores.

 

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