Esperanzas y desesperanzas sobre las pensiones

Organismos como el FMI, gabinetes de estudios financieros, el Banco de España e incluso Rajoy vienen presentando las pensiones como un problema económico-demográfico casi sin solución, salvo la de recortar su cuantía, disminuir el número de pensionistas o que éstos acaben arreglándoselas como puedan. Alguno llega a insinuar soluciones algo cínicas, por no calificarlas de crueles, al estilo del manido chiste del dueño de una funeraria que decía: “Yo no quiero que se muera nadie, pero tampoco que el negocio se pare”. En este caso los finados serían las pensiones públicas y, ya puestos, los mismos pensionistas.

Desde su punto de vista es lógico que esas pensiones no existan, que la gente trabaje más años de los que puede y que cuando no puedan, agoten todos sus ahorros, piso incluido. Es la rígida lógica de los mercados, pero es un planteamiento tan parcial como falso, porque para los derechos de las personas hay que usar la lógica de las personas. La pensión no es un regalo del Estado a aquéllos a los que precisamente el mercado ya no quiere como trabajadores por su avanzada edad, porque considera que ya no son rentables laboralmente. No, recibir unos ingresos mínimos para poder vivir los últimos años de tu vida con dignidad no debe ser una dádiva que concede el Gobierno, porque quiere o porque es magnánimo. Tener una pensión mínima digna es un derecho, como lo son la educación, la sanidad o, yendo a lo cotidiano, el descanso semanal.

Para los mercados puede ser lógico que quien no es productivo no reciba contraprestación económica. Pero utilizando la lógica de los derechos de las personas, no podemos abandonar a su suerte a quienes tienen una edad avanzada para trabajar (salvo excepciones en alguna profesión o situación concreta), a los que además es el mismísimo mercado el que ya no quiere, como se está demostrando con los ‘eres’ y demás sistemas de ‘descarga del coste laboral’ de las empresas. Como tampoco podemos castigar sin ninguna remuneración a los enfermos o a quienes sufren alguna discapacidad importante para trabajar. Ni podemos descuidar la educación-formación de niños y jóvenes simplemente porque sean improductivos. Claro que, en este último caso, habrá quien diga desde una lógica economicista que se les costea los estudios para que el día de mañana nos lo devuelvan con su trabajo. ¿Y por qué el tiempo cuenta hacia delante y no hacia atrás? Quienes han contribuido durante 30 o 40 años con su esfuerzo a conseguir la sociedad actual, ¿no tienen derecho a que se les reconozca en los últimos y difíciles años de su vida? ¿Abandonamos a su suerte a inválidos, ancianos, viudas, huérfanos… como sucedió hasta finales del siglo XIX e incluso mediados del XX?

La pensión es un derecho de las personas, no una concesión. Y desde esta idea central es desde la que debemos buscar la manera de hacerlo realidad o, lo que es lo mismo, de hacerlo sostenible para todos, junto a otros derechos básicos como la educación o la sanidad; en definitiva, lograr los recursos para hacer sostenible lo que llamamos ‘sistema público de pensiones’. Y aquí ya podemos entrar en asuntos como revalorización, sostenibilidad, amenaza demográfica, índice corrector de esperanza de vida, etc. Conceptos que, por otro lado, no dejan de estar exentos de manipulación por parte de quienes usan la lógica liberal-mercantilista, dejando a un lado los derechos de las personas porque “ese no es nuestro campo de actuación”.

Empecemos por la debacle demográfica que nos espera cuando la pirámide de población pase a ser un tonel o una seta, con los más “viejos” superando en número a los que están en “edad de trabajar”. En realidad, la demografía no es una ciencia exacta, especialmente en sus predicciones (como no lo es la economía). La historia ha desmentido una y otra vez las teorías catastrofistas malthusianas. Guerras, emigraciones masivas, epidemias, revoluciones, desarrollo económico… han echado por tierra muchas de estas previsiones presentadas como inevitables. Por poner ejemplos cercanos en tiempo y espacio, las emigraciones de españoles, magrebíes, turcos o italianos a Francia, Alemania, Suiza… en los años 60-70 del siglo pasado cambiaron las pirámides poblacionales de los países receptores. En España ocurrió algo parecido en Cataluña, País Vasco o Madrid. Hace sólo unos años, con el boom económico de principios de este siglo, sólo el 1,6% de los empadronados en nuestro país era extranjero, poco más de medio millón de personas. Hoy superan los 4,5 millones, casi el 10% de la población. Muchos de ellos se fueron, pero muchos otros y sus hijos, se han quedado y engrosan en gran parte las filas de la Seguridad Social como cotizantes. En Portugal, más de un millón de personas regresaron a la metrópolis tras la Revolución del 25 de Abril con la descolonización de Cabo Verde, Angola, y Mozambique, impacto poblacional importante para un país que tenía unos 8 millones de habitantes en 1975. Así que hacer previsiones a muchos años vista teniendo solo en cuenta la demografía no parece fiable. De aquí a 2050, por ejemplo, pueden ocurrir tantas cosas como conflictos bélicos, sociales, económicos y políticos existen o se están incubando.

En cuanto a la ‘revalorización’ de las pensiones, es decir mantener su poder adquisitivo frente a la subida del coste de la vida, es algo tan obvio como el alza de los salarios frente a la inflación. Si no se hace, en pocos años gran parte de los pensionistas no podrá sobrevivir. Es tan insostenible socialmente como mantener la precariedad de los empleos o los bajísimos sueldos actuales, mientras crecen los beneficios de las grandes corporaciones industriales y bancarias, al tiempo que los sueldos de directivos y consejeros.

El lector ya estará pensando, como bien pregona Mariano Rajoy, ¿de dónde van a salir los dineros para esa revalorización? Hacerse esta pregunta es tanto como cuestionarse de dónde vamos a sacar los fondos para pagar la sanidad o la educación, puntualizando que la factura de las pensiones en bastante más reducida. Hay muchas respuestas, desde mejorar los salarios en general aumentando así las cotizaciones a la Seguridad Social o incluir el gasto en pensiones (o parte de él) en los Presupuestos del Estado como hacen bastantes países de nuestro entorno, hasta incrementar la fiscalidad financiera y a las grandes fortunas, mejorar la inspección de Hacienda, acabar con corruptos y corruptelas, reducir pensiones vitalicias escandalosas... O bien, todo a la vez sumándole una reforma del sistema de pensiones, pero reflexionado con calma, sin precipitaciones electorales y partiendo siempre de que la pensión es un derecho, no una rémora para la economía del país.

Respecto al índice corrector en base a la esperanza de vida que hay en cada momento, es tan voluble como la amenaza demográfica. Ya se ha retrasado dos años la edad mínima de jubilación, así como endurecido las exigencias para ser pensionista. Esta idea de que podemos seguir trabajando muchos años porque ahora vivimos más y en mejores condiciones se acepta muchas veces sin una mínima reflexión. ¿En cuántos trabajos del actual mundo competitivo se puede seguir rindiendo al máximo con más de 67 años? ¿Cuántas empresas contratan a personas no digo de 65 años, sino de 50? Si están tan sanos y son tan capaces los mayores, ¿por qué no les contratan sino que les despiden? No quiero pensar que con este índice corrector, junto con los recortes en la cuantía de las pensiones y en prestaciones sanitarias y sociales, lo que se pretenda es que cada vez haya menos “esperanza de vida” y más desesperanza.