El Parlamento regional aprueba, salvo el PP, una financiación autonómica con igualdad entre españoles
La Asamblea de Extremadura ha aprobado este jueves, en un pleno monográfico sobre el sistema de financiación de las autonomías, un grupo de propuestas para llevar a la negociación nacional, que defienden el aumento de esos recursos y la definición rigurosa de los servicios básicos del bienestar social, para que todos los españoles accedan al mismo nivel sin tener en cuenta la región donde viven, así como la dotación de otras políticas, todo ello en la senda de la convergencia entre españoles.
Las propuestas del PSOE, Podemos y Ciudadanos, algunas de ellas similares, han sido aprobadas todas salvo una de Cs, mientras que las del PP han sido derrotadas; los populares se han quedado en solitario, absteniéndose en las aprobadas.
El debate tomaba como punto de partida el dictamen de una comisión nacional de expertos, en la que han participado dos extremeños, creada en enero de 2017 en la conferencia de presidentes autonómicos de Madrid. Ese dictamen, aprobado en julio pasado, contiene propuestas perjudiciales para la región como que solo se garantizaría un nivel mínimo de servicios básicos a los españoles –cada región pondría su máximo-, no se entraría en la financiación solidaria de otras políticas de desarrollo, y en general el nuevo sistema tendería a dejar a cada comunidad en el ránking de riqueza que ahora tiene.
Contra ese dictamen la experta y profesora extremeña Elena Manzano opuso un voto particular en solitario, y además se sumó a otros dos votos de compañeros de otras autonomías.
En noviembre pasado la Junta mandó al Gobierno su posición sobre el tema, y con el debate parlamentario de este jueves se trataba de apoyarlo desde los partidos políticos y a ser posible por unanimidad como pedía al inicio de la discusión la vicepresidenta de la Junta y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales.
Agotar la tarta nacional de la igualdad
La vicepresidenta ha resumido y defendido la posición remitida desde la Comunidad al Gobierno de Rajoy, que se basa en defender la igualdad de trato y oportunidades a todos los españoles, vivan donde vivan, y combatir el ‘troceo’ progresivo de la financiación autonómica a base de que cada región se vaya quedando cada vez con una mayor parte de la recaudación de impuestos; es lo que pasó por ejemplo con la cesión del 15% del IRPF y luego el 30%.
Seguir por ese camino rompe la igualdad y solidaridad entre españoles recogida en la Constitución, y da pie a la “falsedad y perversión” de que son las comunidades las que tributan, y deben ‘quedarse lo suyo’, y de que unas pagan la indolencia de otras. “Los que pagan impuestos son cada persona, y no la Comunidad, y ese tributo debe luego redistribuirse desde la caja común nacional a cada español en función de su situación”.
La posición extremeña parte también de que hay que incrementar los recursos de las autonomías –en los dos últimos años los de sanidad, educación y dependencia llegados desde Madrid han disminuido 16.000 millones en toda España, que las autonomías han sacado de donde han podido-, y de que debe definirse técnicamente qué servicios básicos y en qué nivel debe tener cada español, pero también incluirse en un mecanismo solidario e igualitario otras políticas como las de creación de riqueza y empleo, medio ambiente o vivienda; además de que las inversiones estatales en infraestructuras deben apostar por la convergencia entre españoles.
Una financiación transparente y técnicamente rigurosa evitaría las acusaciones de agravios entre regiones.
La Comunidad se opone a perdonar la deuda autonómica y que la asuma el Estado, ya que ha sido prudente en el gasto y debe solo 4.300 millones de euros frente a los 70.000 de Cataluña o 33.000 de Valencia: “Las deudas hay que pagarlas, en aras a la responsabilidad y sostenibilidad de las cuentas públicas”, protesta Blanco-Morales.
Hay un sí, sin embargo, a alargar el plazo de devolución de esas deudas.
La Junta pide dejar a las autonomías explorar nuevos tributos no gravados por el Gobierno o los ayuntamientos, y no que una vez hecho venga el Ejecutivo central y se lo apropie como el extremeño de los bancos; solicita medidas contra la guerra fiscal, ese bajar impuestos cada uno a su aire, y armonizar los que tienen todas las regiones cedidos desde Madrid, igualando bases imponibles.
Euskadi, Navarra
En España hay autonomías con tres modelos de financiación. El general, que es de la mayoría y el de Extremadura; el fiscal especial de Canarias, y el foral de Euskadi y Navarra, estos últimos son inevitables por la Constitución pero la Junta los ve opacos en su cálculo, lo que crea sospechas de que esos ciudadanos no aportan lo que el resto, y la Comunidad propone que además esas dos haciendas aporten dinero al sistema común de solidaridad entre españoles.
Extremadura se teme que el ‘problema catalán’ desemboque en más dinero para esa Comunidad, y un mayor troceo de la tarta general de ingresos, potenciando una desigualdad que al final llevaría a algunas comunidades a la bancarrota.
Partidos
La vicepresidenta, Pilar Blanco-Morales, ha defendido que el nuevo sistema de financiación autonómica debe definir “un reparto equitativo y suficiente de los fondos públicos” que permita a las comunidades prestar, “con una amplitud y una calidad equiparables, los servicios que les atañen”, según recoge la agencia Efe.
Ha abogado por un modelo “en el que las diferencias no sea una excusa para la insolidaridad”, en el que “se garantice el bienestar” y en el que las necesidades de los ciudadanos “sean justamente ponderadas y adecuadamente atendidas”.
Tras remarcar que el principio vertebrador de dicho modelo deben ser “las personas y no los territorios”, la consejera ha apuntado que la reforma del sistema de financiación “debería abordarse, no como una pugna entre comunidades o entre éstas y el Estado, como una tarea común dirigida a mejorar el funcionamiento del Estado del Bienestar”.
Por su parte el presidente regional del PP, José Monago, ha reprochado al presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, que urja ahora cambiar el actual modelo de financiación autonómica, por infrafinanciación, cuando fue él quien “lo firmó con José Luis Rodríguez Zapatero”.
“¿Por qué le dijo sí a Zapatero para decir ahora que la culpa es de Rajoy?”, ha preguntado Monago, quien ha reclamado a Vara que “si ahora el modelo no le gusta, tenga la decencia de reconocerlo y pida disculpas a todos los extremeños”.
El portavoz de Podemos, Álvaro Jaén, ha pedido que el futuro sistema de financiación autonómica garantice recursos suficientes para que se presten servicios públicos esenciales como la educación, la sanidad, los servicios sociales y la atención a la dependencia, y que haya solidaridad interterritorial.
Jaén ha explicado que el debate es “complejo y alejado de la ciudadanía” pero muy importante para la región, por lo que ha pedido claridad en las propuestas y resoluciones.
Por su lado el portavoz del PSOE, Valentín García, ha proclamado la solidaridad entre las CCAA en el futuro sistema de financiación ya que, si no, la región saldrá perjudicada, y pedía antes de las votaciones “unanimidad” de los grupos parlamentarios para defender bien los intereses extremeños en las negociaciones.
Finalmente la portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Victoria Domínguez, ha defendido la necesidad de reformar de forma urgente el sistema de financiación autonómica, por el que Extremadura resulta “infrafinanciada”, y ha abogado por que la negociación no se convierta en “una guerra partidista y territorial”.
Era un debate “conveniente” para que los ciudadanos conozcan las propuestas de los grupos aunque cree que se podía haber llegado a él por “otro camino”, con “más consenso” previo a su celebración.
