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EXTREMADURA

Interinos acusan a la Junta de aplicarles un ERE con despido gratuito

Una de las asociaciones de esos trabajadores, Piltex, ha comparecido en el Parlamento regional

Interinos en la concentración de este sábado en Cibeles

Concentración de interinos, en un problema que es nacional Aurora S. Olmo

La asociación de Personal Interino y Laboral Temporal de Extremadura (PILTEX) reprocha que la oferta de estabilización del empleo temporal aprobada por la Junta es un "ERE encubierto" que llevará al despido "libre y gratuito" de trabajadores interinos, cuya edad media se sitúa en 48 años.

Lo ha dicho este lunes la presidenta de esta asociación, Marisa González, en la comisión de administración pública del Parlamento autonómico de Extremadura, en el que ha comparecido a propuesta de Unidas por Extremadura para informar sobre la situación laboral de este colectivo.

Ha estado acompañada por el abogado Javier Arauz de Robles, asesor jurídico de Piltex –una de las asociaciones que defienden a los interinos- y promotor de las cuestiones prejudiciales que se están dirimiendo en la Unión Europea sobre el abuso de la temporalidad por las administraciones públicas españolas.

Marisa González ha criticado que la Junta haya aprobado esta oferta adicional para la estabilización del empleo temporal, con 1.622 plazas, sin esperar a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) relativa a los empleados temporales.

Según ella es un "ERE masivo" con despido "libre y gratuito" que puede abocar al paro a trabajadores con una edad media de 48 años que, asegura, no han podido consolidar sus puestos por las ofertas "pírricas" de empleo de los últimos años, a lo que ha sumado categorías que llevan sin convocarse desde hace 13 años.

"No es creación neta de empleo", sino que supone convocar las plazas de trabajadores “a los que no se les ha dado la oportunidad de convertirse en fijos y que se encuentran en situación de fraude de ley por abuso de la temporalidad".

Trabajadores que han superado unas oposiciones con los principios de igualdad, mérito y capacidad, aunque sin obtener plaza, y que durante años vienen desempeñando funciones de funcionarios de carrera sin los mismos derechos laborales que estos, y viendo como las contrataciones en las empresas públicas sigue creciendo, ha añadido.

4.000

Según datos de Piltex, alrededor de cuatro mil empleados temporales e interinos de la Administración autonómica se encuentran en una situación de "abuso" de la temporalidad por superar los tres años en el puesto y no haberse convocado sus plazas en las correspondientes ofertas de empleo público.

"Somos las víctimas" de unas administraciones que, en lugar de paralizar los procesos de provisión de puestos a la espera de que se pronuncie el TJUE, se han apresurado a sacar en los últimos meses "todo lo que han podido" para cumplir los imperativos de reducir al 8 por ciento la tasa de temporalidad en sus plantillas, ha insistido la presidente de Piltex.

Para el abogado Arauz de Robles "la solución no es un proceso selectivo" porque estos trabajadores ya han demostrado mérito y capacidad para desempeñar las funciones públicas.

Ha precisado que la normativa europea pone freno a la contratación temporal "abusiva" no sólo para luchar contra la precariedad en el empleo, sino también contra la precariedad "familiar, personal y social".

Según ha explicado, el derecho de la UE permite la interinidad solo para sustituir a los titulares de las plazas, algo "que está incumpliendo el ordenamiento jurídico español", y frente a ello sanciona a las administraciones con dos opciones, la fijeza del puesto o una indemnización a las víctimas más multa a la administración responsable.

Por ello, a su juicio, debe resolverse un problema jurídico y dar también una solución "moral" a empleados, en muchos casos de más de 50 años, "que han mantenido el sector público extremeño en estos últimos años" y a los que se puede dejar en la calle "con despido libre y gratuito".

De momento, según ha indicado Marisa González, ya se han presentado "cientos de reclamaciones" ante la Dirección General de Función Pública como paso previo a las demandas que interpondrán por la vía de lo contencioso-administrativo o de lo social, pues es "la única vía que nos ha quedado para defendernos"

 

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