El PP también accede a enterrar el Consejo Consultivo, para ahorrar dinero público
El Consejo Consultivo ya no tiene quien lo defienda. Finalmente el Partido Popular accede al enterramiento de ese órgano por la vía de derogar la ley que regulaba su funcionamiento, cuando hasta hace poco defendía que solo era posible mediante una reforma del Estatuto de Autonomía. Los populares convienen en que por motivos de “racionalización” y “efectividad” de los recursos públicos hay que darle carpetazo.
En los próximos días se producirá en un pleno de la Asamblea de Extremadura la derogación de la ley de 2001 que regulaba las funciones de un consejo polémico en los dos últimos años por los informes externos que elaboraba su consejero Clemente Checa, por el dictamen sobre el debate de la moción de censura de Fernández Vara contra José Antonio Monago, o por la resistencia mostrada por el actual presidente del Consultivo, Pedro Tomás Nevado-Batalla, a la desaparición.
La ‘congelación’ del funcionamiento –su supresión sí exige la reforma del Estatuto de Autonomía- viene en una propuesta de ley del grupo parlamentario PSOE-Siex, que superó la oposición inicial de PP, Podemos y Cs, y ahora se enfrentará a las últimas enmiendas parciales.
En las cinco que ha presentado el PP se certifica la defunción del Consultivo, ya que ese partido accede a derogar la ley reguladora, y propone que los informes que actualmente hace ese órgano se deriven a dos sitios: los importante, los legislativos, al Consejo de Estado, y los menores a un nuevo órgano que sería un Jurado de Recursos Contractuales de Extremadura.
Elegir destino
Los populares proponen en otra enmienda que los trabajadores del Consultivo elijan destino, en la Junta o en la Asamblea, donde quieran, en cualquier lugar donde esas instituciones tengan sede, y conservando todos sus derechos profesionales, económicos y de carrera profesional.
También Podemos, que defendía el mantenimiento del Consultivo como un órgano técnico y sin consejeros designados por los partidos políticos, ha cambiado y deriva los asuntos también al Consejo de Estado, o a una nueva Comisión Jurídica de Extremadura dentro de la Abogacía General de la Junta de Extremadura.
Los empleados del Consultivo irían destinados a la Junta, que es la misma propuesta que hace PSOE-Siex.
Es probable un acuerdo mayoritario dentro de la Asamblea en torno a estos criterios: suspensión, por vía de derogación de sus funciones, del Consejo; creación de una comisión dentro de la Abogacía de la Junta para recursos menores, y ésta como destino del personal del Consultivo.
Competencias locales
PSOE-Siex quiere aprovechar esta propuesta de ley para dar seguridad a los ayuntamientos a la hora de seguir ejerciendo competencias llamadas ‘impropias’ y que una ley estatal de 2013 les prohibió continuar llevando, como son las guarderías infantiles o servicios sociales.
En una de sus enmiendas al Consultivo incluye ese asunto que en principio acompañaba a la Ley de Presupuestos de Extremadura 2016 que ha sido rechazada recientemente por la oposición.
