Promedio pone en marcha nuevo servicio para facilitar tratamiento escombros
Provincial de Badajoz (Promedio) ha puesto en marcha un nuevo servicio para facilitar el tratamiento y el reciclaje de escombros en la provincia.
Según un comunicado de la institución pacense, con este nuevo servicio de recogida de residuos de construcción y demolición (RCDs) se pretende aportar una solución al tratamiento de estos materiales y evitar que acaben en las vías públicas o los entornos naturales.
La iniciativa contempla la puesta a disposición de contenedores específicos en cada municipio adherido al servicio para facilitar así el acopio de los restos de obras menores, garantizando su posterior retirada y tratamiento.
Según explica la técnico encargada de la gestión del servicio, Olga Benítez, el proyecto nace como respuesta a la necesidad de los ayuntamientos, dentro de sus competencias, de retirar, tratar y reciclar escombros de obras menores de una forma segura mediante un modelo agrupado que ha funcionado en otras actividades, como la depuración de aguas residuales o la recogida de residuos urbanos.
En total son 70 localidades las que se han sumado inicialmente a este servicio, llegando a más de 145.000 habitantes.
Los ayuntamientos tienen derecho a un mínimo de 12 recogidas de bateas llenas de RCD al año para entidades de un número igual o inferior a 1.000 habitantes, incrementándose el número a razón de una recogida más al mes por cada tramo de uno a 1.000 habitantes más.
Es decir, en el caso de Los Santos de Maimona, por ejemplo, podrían llenarse hasta 108 contenedores en cada anualidad en las condiciones establecidas en los convenios para la prestación de este servicio.
El objetivo es que los ciudadanos “adquieran el hábito de llevar sus escombros a un único punto para facilitar su reciclaje y erradicar esos montones y acumulaciones de restos de obras en caminos y parajes naturales”, ha subrayado.
La ubicación de los contenedores depende de cada localidad y en algunos municipios se encuentran dentro del punto limpio municipal y en otros en recintos cerrados, si bien siempre se recomienda que sean lugares vigilados o controlados para evitar malas prácticas.
De forma global, el servicio tiene un coste anual de casi 640.000 euros y una duración de cuatro años.
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