Regalos envenenados para el nuevo gobierno: el currículo de ESO y Bachillerato, y el traslado de funcionarios
El gobierno autonómico saliente, del PP, le ha dejado al entrante del PSOE dos perfectos regalos envenenados con los que tendrá que lidiar de inmediato y con unos efectos en los próximos meses, de manera que en los dirigentes socialistas dudan de esa ‘transición ejemplar’ que debería haberse producido.
Aunque no los únicos se trata de dos ejemplos claros, y son la aplicación a partir del próximo curso de la ley educativa del PP, la Lomce, o el concurso de traslado de funcionarios que se venía demorando desde hace 7 años y que se ha convocado dos días antes de las elecciones.
Incluso estando como gobierno en funciones, y con las elecciones ya perdidas, el gobierno regional del PP aprobó ayer en Consejo de Gobierno el nuevo currículo de ESO y Bachillerato, derivado de la Lomce patrocinada por el ministro Wert, y que empezará a aplicarse desde septiembre en primer y tercer curso de ESO, y en el primero de bachillerato.
Buena parte de los sindicatos, y entre ellos UGT y CCOO, acusan a la Lomce y sus nuevos estudios de ser portadora de una profunda carga ideólógica conservadora, que por ejemplo introduce en primero de bachillerato la religión, como una optativa que además, apunta el portavoz en materia educativa del PSOE Luciano Fernández, de ser elegida excluiría otras como conocimiento científico o informática.
El currículo de ESO y Bachillerato viene marcado en la mayor parte de su contenido por el marco legal estatal, pero las comunidades tenían un cierto margen de adaptación que mientras en Andalucía va a ser estirado al máximo, en Extremadura “lo que han hecho es afianzarlo”, acusa Fernández a la consejera de Educación en funciones, Trinidad Nogales.
“Tardío e imprudente”
La aplicación de la Lomce por parte de un gobierno socialista que como el extremeño está en contra de sus planteamientos, se agrava por lo “tardío” e “imprudente” de la aprobación del currículo de enseñanzas. Tardío porque “tenía que haberse aprobado hace meses”, e imprudente porque “se ha hecho a toda prisa casi en pleno proceso electoral”.
Pero a la nueva Junta no le queda otra que aplicarlo, aunque no faltan voces como la del sindicato Ste-Ex que ha reclamado su paralización. Y además de un ‘trágala’ ideológico –impulsado por un gobierno nacional que dentro de seis meses se somete a las urnas—los nuevos currículos de ESO y Bachillerato van a traer no pocos problemas técnicos dado en que pocas semanas los alumnos tendrán que matricularse, elegir optativas, los centros hacer sus programaciones didácticas, horarias y de plantilla, todo ello con una reforma educativa a las espaldas.
Las modificaciones introducidas en ambos currículo se implantarán para los cursos impares –1º y 3º de ESO y 1º de Bachillerato– en el curso académico 2015/2016, y para los cursos pares –2º y 4º de ESO y 2º de Bachillerato– en el curso escolar 2016/2017.
La ESO comprende dos ciclos, el primero de tres cursos escolares y el segundo de uno, que se seguirán ordinariamente entre los 12 y los 16 años de edad.
El segundo ciclo o cuarto curso de ESO tendrá dos opciones, de Enseñanzas Académicas para los alumnos que opten por estudiar Bachillerato; y de Enseñanzas Aplicadas, para aquellos que se decanten por la Formación Profesional.
El Bachillerato, que comprende dos cursos, se estructura en tres modalidades: Ciencias; Humanidades y Ciencias Sociales, y Artes.
Traslado de funcionarios
Otra de las cuestiones que ha sentado mal en el ahora triunfante PSOE extremeño es la convocatoria de un concurso de traslado de funcionarios dos días antes de las elecciones. Después de ocho años sin concurso “¿no tenía el gobierno del PP otro momento para hacerlo?”, pregunta el diputado regional socialista Alfredo Escribano, ponente por su partido en la Ley de Transición entre Gobiernos que el presidente Monago y su vicepresidenta Teniente exprimieron como mérito democrático.
Una ley que “aparte de que lo que contiene son básicamente cosas de sentido común”, debería haber impedido decisiones como esta tomadas en los últimos momentos; en todo caso la resolución de este concurso, un largo proceso que puede durar hasta un año, debe hacerla el nuevo Ejecutivo según Escribano, y abstenerse el saliente de tomar cualquier decisión.
Un concurso de traslado que, por otro lado, se basa en una relación de puestos de trabajo (RPT) que podría cambiar porque el Gobierno entrante está en su perfecto derecho de diseñar una nueva estructura de consejerías, servicios y departamentos, con lo cual “puede haber problemas” según apunta Guillermo Barroso de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO.
