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Vergeles no va a la cita donde la industria farmacéutica explica su plan para la sanidad pública

José María Vergeles

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El consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, ha pedido a la nueva ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, que se desvincule del Plan de Adherencia al Tratamiento que Farmaindustria tiene previsto presentar el próximo 23 de noviembre en Barcelona y al que han invitado a las consejerías de sanidad de las comunidades autónomas.

La Consejería extremeña ha remitido otra carta al presidente de Farmaindustria, Jesús Acebillo, en la que le anuncia que no comparte que dicho plan sea beneficioso para el Sistema Nacional de Salud (SNS) cuando éste aún no se ha pronunciado al respecto.

Vergeles le ha comunicado que Extremadura no acudirá a la presentación, “lo que no debe interpretarse como una descortesía”, sino como que la región que no comparte que el primer resultado del convenio Estado-Farmaindustria sea un Plan de Adherencia al Tratamiento sin conocerlo en profundidad las comunidades autónomas.

Un plan de este “calado” no puede llevarse a cabo de esta forma, pues las comunidades “hemos sido y seremos las que mantenemos la sanidad en el SNS”, a menos que sea “un plan encubierto de fidelización a los medicamentos y no una estrategia para el uso responsable del medicamento”.

Ha trasladado por tanto Vergeles a través de una carta al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que la Junta de Extremadura no asistirá a la presentación.

Si el Pleno del Consejo Interterritorial, donde están representadas todas las comunidades autónomas, no ha “analizado, debatido y trabajado” este Plan de Adherencia, “no es de recibo que sea la industria farmacéutica la que lo presente como una herramienta del Sistema Nacional de Salud”.

En su escrito el consejero ha recordado a Dolors Montserrat que comunidades como Extremadura se han visto obligadas a firmar una adhesión a un convenio entre Farmaindustria y la Administración General del Estado como condición impuesta para acceder al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) con el que poder pagar la deuda a proveedores pero del que “hasta el momento” no se han visto otros beneficios.

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