Las organizaciones agrarias han mostrado su alegría tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra las restricciones a las limitaciones de nuevas plantaciones del cava que aprobó en 2017 el Ejecutivo de Mariano Rajoy.
El Alto Tribunal madrileño ha anulado algunos de los apartados de la resolución del Gobierno por el que se autorizaba solo 57,4 hectáreas de nuevas plantaciones de viñedo para cava tras el recurso presentado por la Junta.
Supone un 'espaldarazo' para las ventas de cava extremeño, que sólo se puede producir bajo el sello de Almendralejo.
Para UPA UCE Extremadura es una sentencia que recupera los derechos de los viticultores afectados. Desde esta organización Catalina García destaca que se abre un panorama “bastante alentador”. “A partir de ahora se tendrán en cuenta las alegaciones de nuestra comunidad autónoma para decidir si se restringe o no dichas plantaciones”.
Incide en que todos aquellos agricultores de Almendralejo que solicitaron las plantaciones con variedades de cava deben tener derecho a inscribirla en el Consejo Regulador.
El presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, subraya que el fallo judicial ha dado la razón de forma clara a los agricultores de Almendralejo y de Requena, por lo que es necesario que se compense a los viticultores que han sufrido una importante discriminación, durante años, en detrimento de los productores catalanes.
Considera que el Gobierno no debe recurrir la sentencia en casación, que es la vía judicial que queda por agotar, y sí adoptar las medidas necesarias para compensar a unos agricultores, informa la Agencia Efe.
Desde la Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo aplauden la sentencia y expresan su máxima alegría, “más si cabe en estos momentos tan convulsos para toda la sociedad”.
Reclaman al Consejo Regulador que articule mecanismos para que los agricultores de la subzona de Almendralejo tenga voz y voto en el Consejo Rector del Cava, tal y como reclaman desde hace tiempo.
También que se vele por el cumplimiento de los parámetros que fundamentan el fallo, como son el principio de solidaridad y cooperación entre subzonas, “para lo que tendemos la mano y así poder llegar a un buen consenso para todos”.
Por ello piden que no recurran esta sentencia y no se pierda más tiempo para “poder terminar con la incertidumbre que gran parte del sector tiene año tras año”.
Sobre este blog
Abrimos una nueva ventana a la información de Extremadura. Nos asomamos a la actividad en torno a un sector como el agrario que representa en torno al 6% del PIB regional.
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