Extremadura dispondrá en 2018 de 587 nuevas hectáreas de plantaciones de viñedos de las 4.950 autorizadas, de las que 580 han solicitado su inscripción en la Denominación de Origen 'Ribera del Guadiana'.
El Consejo de Gobierno aprobó un decreto con las normas que regulan el potencial productivo de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Una norma que sustituye al anterior derivado de la publicación Real Decreto 772/2017 de 18 de julio, del Ministerio de Agricultura, que constituía la norma básica estatal y, cuyas modificaciones se refieren a las nuevas autorizaciones de plantaciones.
El nuevo decreto sobre el potencial vitícola autoriza la creación de nuevas plantaciones sin necesidad de arrancar otra plantación anterior, según explicó en rueda de prensa el director general de Políticas Agrarias Comunitarias (PAC), Javier Gonzalo.
Con esta medida se pretende fomentar el desarrollo de explotaciones de este sector que está sujeto a una serie de restricciones de potencial con el objetivo de garantizar el equilibrio de los mercados. Los solicitantes de esta ayuda deben ser explotadores de un cultivo de viñedo, tener a su disposición esa explotación como propiedad, arrendamiento o aparcería y tener la capacitación y competencias adecuadas, ha añadido.
Entre los criterios de prioridad establecidos por el gobierno para su adjudicación se incluyen a jóvenes agricultores menores de 40 años, no tener plantaciones ilegales y el tamaño de la explotación.
Sobre las restricciones en la producción de cava ha manifestado que se llevan a cabo para la regulación de los mercados con el objetivo de que no bajen los precios a nivel europeo y también por parte de las denominaciones de origen.
Denominaciones de Origen como Cava no permiten que se inscriban más hectáreas con esa denominación y “eso debería estar fundamentado en un estudio que establezca que no hay perspectiva de mercado porque sino sería competencia desleal”.
Según Gonzalo, Extremadura está en contra de esta restricción y se ha encargado un estudio a la universidad extremeña “en el que creemos que hay necesidad de mercado” puesto que frente a lo que defiende la denominación, el gobierno considera que no hay justificación a esta restricción.
En cuanto a las protestas de la organización agraria, La Unión, contra los criterios para repartir ayudas, Gonzalo ha manifestado que el dinero destinado a la reestructuración de los viñedos se debe adjudicar mediante concurrencia competitiva y los criterios establecidos fueron consensuados con todas las organizaciones representativas de este sector.
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