No hacer coincidir las contrataciones de los planes de empleo público con las campañas de recolección agrarias, precios dignos para cubrir costes y poder incrementar los salarios, son algunas de las demandas de los empresarios del campo para combatir la escasez de mano de obra en el sector. También apuestan por permitir jornadas de más de seis horas diarias.
Así lo han expuesto en la Comisión de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Asamblea de Extremadura, donde este lunes comparecieron a petición de Ciudadanos.
Tomaron la palabra representantes de las organizaciones Apag Extremadura Asaja, Asaja Extremadura, UPA, La Unión, COAG y la Asociación de Fruticultores de Extremadura (AFRUEX), informa la Agencia Efe.
Para el presidente de Apag Extremadura Asaja, Juan Metidieri, el problema principal del sector es la rentabilidad de las explotaciones, agravada por unos bajos precios y el incremento de los costes de producción, que hacen “cada vez más inviables” las explotaciones, a lo que ha sumado problemas para encontrar mano de obra en una región pese al desempleo que hay.
“No se puede estar subsidiando el desempleo cuando a su vez hace falta mano de obra”, ha aseverado Metidieri. Así ha pedido no realizar contrataciones de planes de empleo público en épocas de campaña y abordar las limitaciones que existen a los cupos de mano de obra extranjera, dado que el Gobierno no los autoriza en ocasiones a tenor de la tasa de paro que registra la región.
En esta misma línea, el presidente de Asaja Extremadura, Ángel García Blanco, ha reclamado a nivel regional una coordinación entre las administraciones para no hacer coincidir las campañas agrícolas con las peonadas de los ayuntamientos.
Y en una mesa de negociación nacional, ha pedido hacer compatible el cobro de la prestación social agraria con la posibilidad de trabajar porque hay quien “sí quiere trabajar pero no le merece la pena” al descontársele parte de la ayuda. A ello ha sumado la necesidad de una buena negociación de la PAC y un buen marco financiero plurianual porque “muchos agricultores están viviendo de los que viene de Bruselas”.
Para el secretario regional de UPA-UCE, Ignacio Huertas, el despoblamiento de las zonas rurales, una población activa agraria “muy envejecida” y las dificultades para planificar mano de obra según qué cultivos tampoco ayudan, además de la caída de la renta agraria en un 8,30% en 2019, de modo que “difícilmente podemos tener salarios atractivos”.
Como primera medida ha defendido modificar la ley de mejora de la cadena alimentaria para poder trasladar la subida de los costes de producción a los precios de los productos.
También ha propuesto que el Sexpe cree listas ‘voluntarias’ de personas que están dispuestas a trabajar en campañas fuera de sus localidades y, respecto a los contingentes de trabajadores extranjeros, ha considerado que pueden ser parte de solución para demandas puntuales de un gran número de trabajadores.
Huertas también ha pedido líneas de apoyo para ofrecer formación cualificado a los agricultores, algo en lo que ha coincidido con el presidente de COAG Extremadura, Juan Moreno, en especial para trabajos específicos de poda y utilización de maquinaria.
Para el director gerente de la Asociación de Fruticultores de Extremadura (Afruex), Miguel Ángel Gómez Cardoso, “la gente quiere trabajar, aprovechar las campañas y cobrar lo máximo posible”, algo que impide el convenio del campo al limitar la jornada a seis horas, por lo que ha pedido su ampliación.
Ha reclamado también una ley de cadena alimentaria europea “para que estemos todos en las mismas condiciones”. Ha subrayado que Extremadura fue en 2019 la región con la mano de obra agraria más cara de España, a excepción de Sevilla, por lo que las dificultades para encontrar trabajadores “no es un problema de salario”.
Por su parte, el secretario técnico de La Unión, Luis Cortés, ha asegurado que “la posibilidad de que un agricultor pueda pagar salarios más altos es inviable” y ha planteado que solo se pueda cobrar el subsidio por desempleo “en aquellos meses donde realmente no hay trabajo”, además de incrementar su cuantía.
Por los grupos parlamentarios el PSOE ha abogado por no ofrecer una “visión catastrofista” del problema y el PP ha instado a buscar soluciones consensuadas entre las diferentes administraciones, los sindicatos y la patronal.
Ciudadanos ha advertido de que “tenemos por delante un problema serio” que la Junta “no reconoce”, y Unidas por Extremadura se ha comprometido a presionar al Ministerio de Agricultura para “blindar”, por ley, unos precios mínimos para el campo.
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Abrimos una nueva ventana a la información de Extremadura. Nos asomamos a la actividad en torno a un sector como el agrario que representa en torno al 6% del PIB regional.
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