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La Junta eliminó medidas antivenenos para especies protegidas diciendo que eran un derroche

Atropellos y envenenamientos son las causas principales de muerte

Atropellos y envenenamientos son las causas principales de muerte

El 26 de agosto fue encontrado en las cercanías de Valencia de las Torres un lince ibérico muerto. Le llamaban K2 y era uno de los ocho animales que habían sido reintroducidos en Extremadura, Andalucía y Portugal  en un programa europeo destinado a proteger esta especie amenazada en el planeta.

Hace unos días, los análisis de laboratorio han confirmado que el lince murió envenenado. Tras esa constatación del uso de venenos,  la Junta mandó a los medios de comunicación una nota informativa diciendo que "la autoridad pertinente" iba a investigar causas y que próximamente anunciaría nuevas medidas y estrategias para mejorar la protección  a estas y otras especies amenazadas.

Derroche y despilfarro

Sin embargo, el Gobierno regional ocultó que tres años atrás el PP había eliminado medidas protectoras anti-envenenamiento calificándolas incluso de "derroche y despilfarro".

En una nota informativa del día 11 de noviembre del año 2011, la portavoz del PP Virginia Alberdi decía que Vara y los anteriores gobiernos de Gpex actuaban como "verdaderos agentes del derroche… de ahí nuestro rechazo a estos gastos ridículos mientras que los mismos que compraban tres perros les subían impuestos a los extremeños… Estos ejemplos de mala gestión pública son los que están siendo gestionados por el gobierno de José Antonio Monago", decía la portavoz del PP en 2011.

Tres años después, y tras la muerte del último lince hace escasos, días el PP parece que ya no considera derroche esa protección medioambiental y se propone tomar medidas. "La Junta trabaja en la elaboración de la estrategia de venenos extremeña a través de un grupo de trabajo creado en el seno del Consejo Asesor de Medio Ambiente", dijo el gobierno regional hace tres días.

Perros fuera

Cuando el PP accedió al Gobierno en 2011 se encontró con la adquisición de tres perros de la raza pastores belgas que el anterior gobierno había comprado y que estaban especialmente adiestrados para detectar venenos.

Por término medio, cada año mueren en la región más de medio centenar de especies protegidas por envenenamientos. Los casos de envenenamiento en fauna silvestre son una de las principales causas de muerte de especies sensibles tales como buitres negros, águilas imperiales, alimoches o buitre leonados.

De ahí que una comisión de expertos en las que se encuadran los fiscales ambientales de Cáceres y Badajoz, la Uex, técnicos de Medio Ambiente, Seprona, acordasen una estrategia para luchar contra esas muertes y entre otras medidas se decidió comprar tres perros entrenados para ello al precio global de 12.800 euros.

Según los técnicos, el entrenamiento de estos animales es muy complejo y básicamente es similar al que se emplea con los perros destinados a seguir el rastro a personas.

A finales de 2010 comenzaron a moverse estos ejemplares ya adiestrados en Extremadura pero al considerar el PP que era un "derroche ridículo" dejaron su cometido un año después.

WWF se presentará como acusación particular

La organización conservacionista WWF ha expresado su deseo de que se ponga ante la justicia a los responsables del envenenamiento del lince ibérico K2. “Estamos seguros de que la población local colaborará con los investigadores para que se esclarezcan los hechos. WWF se personará como acusación particular en el caso de que este crimen intolerable llegue a juicio”, ha asegurado el responsable del programa de especies de WWF España, Luis Suárez.

Además, WWF espera que la Junta responda con contundencia ante esta muerte, aprobando urgentemente medidas contundentes contra el uso del veneno en el medio rural, una verdadera lacra para la rica biodiversidad de la región.

A finales de junio, WWF ya reclamó junto a SEO/BirdLife y Ecologistas en Acción medidas para evitar el envenenamiento de especies amenazadas en la región. Extremadura es una de las pocas CCAA que no ha aprobado su estrategia de lucha contra el veneno, pese a contar desde 2013 con un borrador, y a la firma de un compromiso para su aprobación con la Comisión Europea .


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