El Ayuntamiento de Cáceres se desentiende de sus apartamentos universitarios cedidos a una empresa
Unos bloques con 62 apartamentos para universitarios propiedad del Ayuntamiento de Cáceres, pero de los que se desentiende tras haber adjudicado la gestión a una empresa cuyo administrador es el hermano del antiguo alcalde del PP Saponi, compañero de la actual alcaldesa Eleva Nevado. Los estudiantes pagan su cuota, que incluye el consumo eléctrico, pero el dinero no llega a Iberdrola, la suministradora.
El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Cáceres, por medio de sus concejales Luis Salaya (portavoz) y Belén Fernández ha pedido responsabilidades a la alcaldesa Nevado porque el plazo de contrato con la adjudicataria acaba dentro de tres meses y a este paso se marchará pero cargando las deudas con Iberdrola a todos los contribuyentes cacereños.
Según la indagación hecha por los socialistas la situación de los apartamentos es un desastre que empieza entre otras cosas porque aunque son propiedad del Ayuntamiento –construidos sobre suelo a su vez con titularidad de la Universidad de Extremadura- no están ni inscritos en el Registro de la Propiedad según Belén Fernández.
En 2007 se acabó este complejo residencial enfocado a dar alojamiento a los estudiantes con pocos medios económicos y que no podían permitirse otra cosa. Una operación a cuatro bandas entre el Ayuntamiento, Junta de Extremadura, Universidad y Ministerio de Educación en el que la institución universitaria puso el terreno, Junta y Ministerio (que luego acabó abandonando el consorcio) el dinero, y el Ayuntamiento quedó como promotor y encargado futuro de la gestión de los apartamentos.
En ese año inicial 2007 se adjudicó la gestión por parte del municipio a la empresa Adomi Sacor de la que es administrador Juan Saponi, hermano del entonces alcalde José María Saponi y que por imperativo legal se abstuvo en la votación. Un año en el que el giro electoral colocó en la alcaldía a la socialista Carmen Heras relevada a su vez en 2011 por otro dirigente popular, Elena Nevado.
El contrato del Ayuntamiento con la empresa era por cinco años, hasta 2012, renovable posteriormente año a año hasta el 2017.
La factura de la luz
Según los socialistas la gestión en los últimos ejercicios ha sido nefasta de manera que el prestigio de los apartamentos ha ido bajando, ya no hay tanta demanda, y por ello incluso se ha llegado a alojar familias no estudiantes según algunas fuentes. Los inquilinos pagan su cuota y gastos a la adjudicataria, pero por desajustes en el consorcio el contrato de la luz figura a nombre de la Universidad, que dice que la empresa no le pasa los fondos y reclama al Ayuntamiento, como responsable subsidiario, una deuda de 143.000 euros por suministro eléctrico.
Pese a tantas irregularidades, que incluyen impagos en los sueldos de los empleados, o deudas con el Ayuntamiento y Seguridad Social publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia, el contrato se ha ido renovando todos los años, la última ampliación en enero, mientras el PSOE local reclamaba la apertura de expediente y rescisión si hacía falta del contrato. “La alcaldesa Nevado dice que se ha abierto el expediente, pero no es cierto”, reprocha la concejala Belén Fernández.
Además, añade, el complejo residencial no tiene licencia de actividad, dado que el Ayuntamiento consideró que al ser propietario no la necesitaba, por lo que cualquier salida para hacer una concesión completa a otra empresa se complica.
Explicaciones de Nevado
El equipo local de Gobierno ha mostrado según la agencia Efe su sorpresa porque la Universidad de Extremadura (UEx) reclame ahora una cantidad en concepto de gastos de luz al Consistorio Municipal puesto que “el Ayuntamiento no tiene ninguna factura pendiente de pago de la Universidad”.
Es algo que “debería negociar con la empresa que gestiona estos apartamentos en suelo de la Universidad de Extremadura”.
Ante la petición del PSOE de haber suspendido el contrato hace tiempo, el Ejecutivo local ha respondido que la anualidad vencía en enero de 2017 pero que el curso escolar concluye en junio, por lo que “no se podía dejar a los alumnos sin residencia a mitad del mismo, algo que parece no preocupa al PSOE, más interesado en criticar al ayuntamiento que en pensar en los estudiantes”.
El Ayuntamiento agrega además que la educación no es una competencia municipal.
