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Revocan el nombramiento de la directora del Área de Personal de la Diputación de Cáceres

Diputación de Cáceres

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La Diputación ha aprobado revocar el nombramiento de Olga Arjona como directora del Área de Personal, Formación y Sepei, después de que la propia afectada lo haya solicitado para incorporarse a su puesto de funcionaria como asesora jurídica en la institución provincial.

Esta resolución, fechada el 14 de febrero, se produce después de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo (TS) que anula la regulación del régimen de personal directivo de la institución provincial, que había recurrido el Grupo Popular.

La revocación -con efectos desde este domingo- deja sin efecto el nombramiento por resolución presidencial del pasado 5 de julio de 2019, cuando Arjona fue nombrada, en comisión de servicio, “por reunir los requisitos establecidos para su desempeño conforme a la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de Personal Directivo y el Reglamento Orgánico de esta Diputación”.

Unos requisitos denunciados el pasado mes de enero por el Grupo Popular en la Diputación, que pidió el cese inmediato de Arjona por “irregularidades en sus nombramientos que no se ajustan a la normativa”.

Según los populares, Arjona ocupaba ese cargo “pese a que la RPT exige que se ha de pertenecer al cuerpo de funcionarios de la Administración General, pero ella es funcionaria de la Administración Especial”.

Asimismo la Diputación también ha aceptado la revocación del nombramiento, en comisión de servicio, de la adjunta a la dirección del Área de Recursos Humanos, Sandra Donoso, que también solicitó su renuncia para el puesto, que se hará efectiva mañana.

Contra ambas resoluciones cabe interponer recurso ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cáceres o, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la Presidencia de la Diputación Provincial.

El Gobierno provincial calificó la sentencia del TS, el pasado 17 de enero, de “triste noticia” para la autonomía local al considerar que se ven “limitadas las competencias reglamentarias y de organización interna de las administraciones locales”.

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