Prisión para los dos máximos dirigentes de UPA-UCE Ignacio Huertas y Maximiano Alcón

La titular del juzgado de instrucción número 1 de Mérida dictó anoche auto de prisión provisional sin fianza contra los dirigentes de UPA-UCE Extremadura Ignacio Huertas y Maximiano Alcón.

Un golpe para los familiares, dirigentes y afiliados, ya que además fuentes de la organización se han enterado por la prensa de la decisión de la juez, sin que sus abogados tuvieran todavía certeza.

Huertas y Alcón llevaban declarando desde la una y media del mediodía y la noticia se conoció poco antes de las nueve de la noche; después ingresaron en la prisión de Badajoz.

Previamente el tribunal había puesto a las 3.30 de la madrugada del viernes al sábado en libertad con cargos a las otras cinco personas arrestadas por presunta financiación ilegal de UPA-UCE Extremadura.

Se trataba de la vicesecretaria regional, María Antonia Alcalá, el secretario de acción sindical y agricultura José Cruz, el empleado de la organización Ignacio Trejo, el ex secretario de organización Miguel Leal, y el administrador de la empresa colaboradora que hacía las asesorías a los agricultores, Miguel Apolo.

Este último había sido el primero en declarar ante la jueza, por espacio de tres horas.

No han tenido la suerte de salir en libertad los otros dos arrestados, el secretario regional Ignacio Huertas, y el de organización y administración Maximiano Alcón.

Dada la hora, más de las tres de la madrugada del sábado, se suspendieron los primeros interrogatorios, de manera que las penalidades para esas dos personas continuaron ya que a las 4.30 fueron trasladadas de nuevo a la comandancia de la Guardia Civil en Cáceres a fin de regresar otra vez a Mérida para declarar por fin a partir de las once de la mañana.

Desde el viernes por la tarde familiares, dirigentes y otros compañeros de UPA-UCE permanecían ante el Palacio de Justicia de Mérida reclamando la liberación de todos; avanzada la noche un grupo regresó a la sede regional para comer algo y descansar, y luego volvieron al edificio judicial donde recibieron con abrazos y emoción a los primeros liberados.

La organización agraria ha vuelto a exigir la puesta en libertad de forma inmediata de los dos últimos, y el fin del “ensañamiento judicial y policial” hacia los compañeros.

A medianoche del viernes ya se habían producido tres de las siete declaraciones previstas ante el juez titular de instrucción número 1 de Mérida por la operación para aclarar aspectos de la financiación de UPA-UCE, que la Guardia Civil en un comunicado consideró ilegal.

La primera comparecencia fue la más larga, duró tres horas y fue la del administrador de la empresa que en convenio con la organización agraria realizaba las asesorías a los afiliados por la PAC. Es el tiempo que estuvo ante el juez, asistido de abogado.

Posteriormente se produjo una segunda declaración de otro detenido, de una hora de duración, y a medianoche llevaba el mismo tiempo el tercero; los dirigentes de la organización, con el secretario nacional Lorenzo Ramos a la cabeza, esperaban la puesta en libertad de todos pero no dio tiempo.

Los siete detenidos en la operación 'Tellus' (Tierra) de la policía judicial contra la organización agraria UPA-UCE, por presunta financiación ilegal de la misma, han pasado por el Juzgado de Instrucción 1 de Mérida, en el nuevo Palacio de Justicia, para prestar declaración.

Tras permanecer arrestados por la Guardia Civil dos días, miércoles y jueves, fueron trasladados el viernes por la tarde desde la comandancia de Cáceres hasta el Juzgado emeritense que es el que instruye la causa.

El furgón policial llegó a las cuatro y media de la tarde..

Familiares, afiliados y cargos de esta organización agraria se habían concentrado frente a la sede de los juzgados para mostrar su apoyo a los siete detenidos, entre los cuales el secretario regional Ignacio Huertas y otros tres dirigentes, un ex directivo, y dos personas a las que se relaciona con el presunto delito, que son según la Guardia Civil un “captador” de agricultores, y propietario de la gestoría desde la que se tramitaban los informes de asesoría subvencionados por fondos europeos.

Previamente, por la mañana, había tenido lugar una asamblea en la sede regional de la organización en Mérida, con 300 asistentes según UPA, en la que han intervenido el secretario nacional Lorenzo Ramos y el portavoz de la organización Antonio Prieto.

Se trataba de apoyar a los siete compañeros detenidos y exigir su liberación inmediata, además de defender el trabajo de UPA a lo largo de más de 30 años. “Los asesoramientos se han hecho, y podemos demostrarlo”, insisten fuentes de la organización agraria.

“Es falso”

Una asamblea “extraordinaria y espontánea” para analizar las acusaciones realizadas por la Guardia Civil, que la organización ha calificado de “falsas”.

“No nos avergonzamos. Esta es nuestra organización y nos sentimos orgullosos de ella”, han exclamado los afiliados y representantes de UPA, que han mostrado su solidaridad con sus compañeros que “siguen detenidos e incomunicados más de 50 horas después de su detención”.

Además han exigido su “liberación inmediata”.

A lo largo de la asamblea, en la que participaban algunos familiares de los dirigentes de UPA-UCE detenidos, se han elevado voces críticas hacia la actuación de la Guardia Civil y “cómo se está intentado criminalizar” a esta entidad agraria.

Lorenzo Ramos y Antonio Prieto han tachado la actuación de la Guardia Civil de “vergonzosa” por la forma en que se han hecho las detenciones, los registros, y la difusión dada a la operación.

El denunciante

Según Ramos la investigación se abre a raíz de una denuncia presentada por un agricultor ante la Guardia Civil después de que la Junta de Extremadura le reclamara 700 euros “por no realizar la última parte de un expediente de asesoramiento”.

Como no presentó toda la documentación referida al expediente de asesoramiento, la administración regional le pidió la devolución del dinero, añade Ramos.

A su juicio este agricultor “no actuó con honradez”, pues, de lo contrario se habría dirigido a la organización para resolver la situación.

UPA ha explicado que todos los servicios de asesoramiento a agricultores efectivamente se prestaron entre 2013 y 2015, y no sólo por parte de UPA-UCE, sino por parte de muchas otras entidades. Expedientes que fueron entregados en la Consejería de Agricultura durante los mandatos de PP y PSOE al frente de la Junta de Extremadura.

Varios de los agricultores que fueron asesorados en ese periodo se han mostrado según la organización dispuestos a “declarar donde haga falta” y demostrar que todos los trabajos se realizaron, trabajos por los que la organización “lógicamente cobró por el servicio prestado”.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, aventuró el viernes por la mañana que quizá haya que abrir un diálogo sobre un posible retraso la celebración de las elecciones al campo, pero Apag Extremadura Asaja y otras organizaciones agrarias han pedido que se respete el calendario previsto.