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Critican la ‘inoperancia’ de la inspección para el cumplimiento del salario mínimo en el campo

Jornalera en Los Nietos, en Cartagena (Murcia) / CARLOS TRENOR

Jesús Conde

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El pago del salario mínimo en el campo es obligatorio por ley y todas aquellas empresas que lo incumplen están cometiendo una ilegalidad.

Su control está en manos de la inspección, que a juicio del sindicato UGT no está resolviendo los casos. Denuncia una ‘inoperancia’ manifiesta para perseguir el fraude en la provincia de Badajoz. En el lado opuesto sitúa a la inspección en la provincia cacereña, que sí les ha dado una respuesta puntual y ha aportado soluciones.

Así lo explica desde UGT Miguel Talavera, que pide más implicación mientras esperan una respuesta a los expedientes elevados a Badajoz hace más de medio año. Se trata de algo que repercute en los derechos de la clase trabajadora según advierte.

Antecedentes del SMI en el campo

Allá por el mes de mayo un laudo fijaba que las empresas debían abonar el salario de 900 euros mensuales en el campo durante 2019. Es un dictamen de obligado cumplimiento encuadrado en el conflicto que permanece abierto entre patronal y sindicatos sobre los derechos de hasta 65.000 trabajadores en la región.

El dirigente de UGT explica que transcurrido el tiempo la mayoría de empresas han cumplido con sus obligaciones en base a un salario de 46,34 euros diarios (corresponden a los 900 euros marcados durante el pasado). Sin embargo tuvieron constancia de otras empresas que seguían pagando 42,32 euros.

Ante esta situación afirma que se han visto obligados a dirigirse a las empresas para negociar directamente esas situaciones, e incluso acudir a los Juzgados de lo Social, mientras esperan una respuesta de la inspección.

Sobre los efectos del aumento del sueldo en el mundo agrario subraya que, en contra de las previsiones 'catastrofistas', el nuevo SMI no ha destruido empleo en el campo extremeño.

Dice que el sector está 'estable' en la actualidad, aunque con diversos problemas que se intentan resolver para contar con un campo “potente” y de peso en la economía de la comunidad autónoma, informa la Agencia Efe.

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