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EXTREMADURA

Denuncian abusos y precariedad laboral entre los miles de trabajadores que levantan las fotovoltaicas

Los sindicatos critican que los empleados dependen de subcontratas y se enfrentan a la vulneración de sus derechos y del convenio colectivo

Muchos proceden del campo y estarían aguantando situaciones ‘paupérrimas’ sólo por la 'ilusión' de poder llegar a quedarse en la planta cuando acaben las obras, señalan las organizaciones sindicales

Instan a la inspección a que actúe de oficio y garantice la seguridad y las condiciones de los empleados

A mediados de enero se terminó la planta solar fotovoltaica de Yecla (Murcia).

Miles de trabajadores han sido contratados en las plantas fotovoltaicas que se levantan en la región. La mayoría de ellos a través de subcontratas que dependen de la empresa principal adjudicataria.

Se incorporan a obras que no duran más de un trimestre y en las que se necesita un gran volumen de mano de obra. Los sindicatos denuncian que sus condiciones están marcadas por la precariedad y por situaciones irregulares.

El caso más conocido es el de Solventia, una subcontrata para la que trabaja más de un centenar de operarios en la mega plana solar de Talaván, cuya empresa adjudicataria es Meska. Los trabajadores de dicha contrata han denunciado de manera reiterada el impago de sus salarios y el incumplimiento del convenio.

En torno a la situación de las plantas solares Miguel Talavera, de UGT, apunta a un ‘completo descontrol’ por parte de las empresas principales, que son responsables civiles y subsidiarias de lo que ocurre en la obra. “Un descontrol de nóminas y de su pago, del cumplimento del pago de la Seguridad Social y otros asuntos que resumen a la perfección el caso de Solventia”. Señala en este caso que la empresa principal no era consciente del número de trabajadores que había, ni de los atrasos en el pago de las nóminas y los seguros sociales.

Por parte de CCOO Saturnino Lagar advierte de que no se trata de un caso aislado y que en la gran mayoría de subcontratas se produce algún tipo de vulneración hacia los trabajadores.

Son situaciones difíciles de demostrar, porque los primeros que no denuncian son los trabajadores. Proceden del sector primario y estarían dispuestos a aguantar ciertas condiciones con la 'ilusión' de quedarse en las plantas solares una vez finalizada la obra.

Apunta a casos en que los obreros echan jornadas de 12 horas, en las que no se les abonan las horas extra o se hace por debajo de lo que marca el convenio. También señala a empresas que obligan a los trabajadores a comprar su propio equipo de protección individual (EPI).

Son situaciones que rozan el concepto de explotación laboral en más amplio sentido de la palabra. Durante el pasado verano tuvieron conocimiento del caso de trabajadores con radiales y máquinas de soldadura a los que se obligaba a portar una bombona de agua para prevenir los incendios. "Tenían que tener colgado este artilugio a sus espaldas mientras se desplazaban por todo el perímetro de la obra", y todo bajo el estrés térmico y el calor propio de la época estival.

Se trata de un diagnóstico que comparte UGT, que denuncia que todas las subcontratas han tenido problemas en torno al cumplimiento de las jornadas de trabajo o con el control horario que marca las horas reales que se echan. Denuncia jornadas ‘maratonianas’ de lunes a domingo, bajo la amenaza de irse a la calle en caso de no aceptarlas.

La figura de las subcontratas 

Detrás de estas condiciones se puede identificar una ‘subcontratación en la cadena’, es decir subcontratas de otras empresas ya subcontratadas. Situaciones que llevan a UGT incluso a tener dudas de que se esté cumpliendo la Ley de contratación.

“El origen de todo el problema es el de una empresa que se queda con la obra, a la que se le conceden los preceptivos informes de impacto ambiental, y tras lo que comienza un maratón. Hay que correr porque hay una fecha de entrega y para que eso se haga efectivo con el menor número de trabajadores hay que ampliar los horarios, que no se abonan al precio establecido en el convenio”.

Tanto UGT como CCOO ya han interpuesto denuncias individuales de casos concretos, aunque se hace necesaria la intervención de la inspección en los centros de trabajo.

Subrayan que el único modo de poner remedio al problema es a través de la intervención de la administración, que controle las condiciones desde la inspección. “No lo hace a no ser que estemos los sindicatos denunciando las irregularidades que los trabajadores nos dicen que hay”.

Otra de las cuestiones que plantean es si las administraciones deberían de intervenir en las adjudicaciones, que recaen en grandes empresas que a su vez subcontratan el trabajo.

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