El Gobierno central está retorciendo la ley para aburrir a la empresa de la mina Aguablanca, acusa la Junta
El consejero de Economía e Infraestructuras, José Luis Navarro, ha roto este martes, como él mismo ha indicado, su “prudente silencio” porque no puede tolerar “tanta manipulación” en torno a la licencia ambiental para que la mina de níquel Aguablanca, en Monesterio, pueda continuar su actividad ahora en galerías subterráneas.
En la víspera el Ministerio de Medio Ambiente había concedido a los propietarios de la mina, el grupo Sacyr, una ampliación de plazos para presentar documentación, pero aprovechado para a su vez pedirle más papeles, ampliando de nuevo el período para tener que tomar una decisión sobre la declaración de impacto ambiental presentada hace 20 meses por la empresa.
Ahora se trata según el consejero de Navarro de presentar una relación de los estudios de calidad de las aguas desde años atrás. “¿Y no lo podían haber pedido al principio?”, cuando en febrero de 2016 se produjo por parte del Gobierno central la primera solicitud de ampliación de documentos. “Se sacan de la manga continuamente nuevas peticiones”.
Al final el Gobierno estaría aplicando de manera fraudulenta la normativa de tramitación ambiental, que permite las paralizaciones del proceso por solicitud de más documentación, pero eso “es un fraude de ley” porque el espíritu de la misma es “resolver cuanto antes dentro del respeto a la legislación”.
Para la Junta no es normal ni natural esta tardanza cuando por el contrario el expediente ambiental del nuevo almacén de residuos nucleares (ATI) de Almaraz ya está resuelto, y a favor. Ambos proyectos “llevaban vidas paralelas, hasta que se separaron”. ¿El motivo? “Que la Junta de Extremadura apoyaba lo de la mina, y se oponía al almacén”.
Que la empresa se aburra y se vaya
Para el responsable económico del Gobierno de la Comunidad Autónoma todo lo de la mina es tan extraño que la única explicación que le encuentra es que el Ministerio quiera “aburrir y agotar” a los actuales propietarios, Sacyr-Valoriza Minería, para que desistan y un día se cansen de presentar papeles, lo que automáticamente les dejaría sin la DIA.
Navarro no duda de la intención de la empresa de seguir explotando el yacimiento si las condiciones que les pone Madrid son razonables, y por lo tanto no quiere especular con lo contrario que, y aunque hay sectores que tienen sus dudas, solo serviría para desviar la atención de lo importante, y es que el Ejecutivo de Rajoy sigue sin autorizar el reinicio de la actividad y el desarrollo del empleo y la riqueza, un “perjuicio grave” para Extremadura.
El PP
Y luego está la actitud del PP de Extremadura y de su delegada del Gobierno Cristina Herrera. Lo de los primeros es “escandaloso”, intentando justificar la demora, o pidiendo al presidente Fernández Vara que haga más viajes a Madrid.
Y en cuanto a la delegada del Gobierno, que el lunes habló de no forzar a los técnicos porque podría ser “prevaricación”, para Navarro equivale a convertir a las víctimas en verdugos. Ser perjudicados por este retraso inexplicable y a la vez ser acusado de invitar a cometer delito.
El consejero descarta acudir a los tribunales porque lo que está haciendo el Ministerio no deja de ser legal.
