Un Plan de Empleo Especial que compense la prohibición del rebusco
El rebusco de uva y aceituna han sido en el tiempo una práctica generalizada en Tierra de Barros que se puede calificar como una institución de carácter social. No obstante, en los últimos años ciertas organizaciones agrarias conservadoras han trabajado de modo continuo e intenso para acabar con él, contando con el apoyo institucional del PP y del PSOE.
En el mandato de Monago se elaboró un proyecto de decreto que después de mucho manosearlo se envió al cajón de la basura dada la fuerte oposición social al mismo. El gobierno de Vara toma nuevamente la iniciativa, y abandera política e institucionalmente el interés económico y social de los grandes propietarios agrícolas. Así, el PSOE, contando con el beneplácito del PP, aprueba un conjunto de normas cuyo fin no es otro que acabar de manera definitiva con una actividad que ha supuesto una importante forma de subsistencia de miles de familias de las localidades en Tierra de Barros.
En esta ocasión, como en muchas otras, los poderes institucionales no han considerado que el ordenamiento jurídico deba tener como máximas la convivencia y el bienestar social. La Junta de Extremadura se ha olvidado que durante varias semanas, un buen número de familias de esta zona de la Comunidad Extremeña obtienen unas remuneraciones a falta de salarios o como complementos a sus ingresos que les permiten mejorar sus condiciones de vida, y contribuir a un importante incremento del consumo que beneficia a toda la población en general.
Las justificaciones que se han utilizado para la aprobación del mencionado decreto que regula los rebuscos no tienen mucha consistencia; hay otras soluciones, si los inconvenientes que se aducen se hubieran querido resolver pensando en todos los sectores sociales que potencialmente se benefician de tal actividad.
El dinero que se ha perdido en el campo al no recogerse los restos de la vendimia y de la recogida de aceitunas oscilan entre los dos y tres millones de euros; cantidades que no han llegado a las familias que lo practican, sin duda, aquellas que en mayor medida sufren el desempleo, la precariedad y las bajas pensiones. Este valor se ha perdido y ha quedado abandonado en el campo, por la decisión de la Junta de Extremadura que de una manera bastante clara y rotunda se ha puesto al servicio institucional de ciertos sectores y organizaciones agrarias muy conservadoras.
Desde la ODP-Alternativa Socialista exigimos que la Junta de Extremadura compense con un Plan de Empleo a las familias que no han podido practicar esta actividad por los inconvenientes derivados del decreto, que son las familias humildes de la zona de Tierra de Barros, es decir a los trabajadores y trabajadoras que sufren las consecuencias del paro. Para ello la Junta debe poner en funcionamiento este plan adicional de empleo extraordinario al que nos referimos al menos por una cantidad equivalente a lo que ha quedado abandonado y se ha perdido en el campo.
