90.000 trabajadores de 12.500 empresas se formaron en los cursos que ahora denuncia la Junta
Entre 2012 y 2013, más de 90.000 trabajadores extremeños participaron en cursos de formación financiados por la Junta, gestionados en parte por la Fundación Tripartita en la que se agrupaban los sindicatos CCOO y UGT, más la patronal Creex, con tutela también del Servicio Estatal Público de Empleo (Sepe); cursos que ahora están en la picota porque según el Gobierno regional dieron lugar a un escandaloso fraude de tres millones de euros.
La acusación lanzada este jueves pasado por la consejera de Empleo, Marian Muñoz, no tiene precedentes porque supondría que de cada 100 euros entregados por el Gobierno estatal a través de la Junta, más de 40 se los habría embolsado de forma fraudulenta una cadena de responsables que empezaría por patronal y sindicatos, y continuaría por una extensa red de empresas formadoras, en las cuales había dirigentes y familiares de esas organizaciones, según alusión directa hecha por la consejera a la Federación Empresarial Placentina.
La ‘formación intersectorial’, que así se llama, de la convocatoria 2011 y que se realizó en los dos años siguientes, es un sistema por el que las empresas conciertan con sindicatos, patronal, y también en este caso con la Confederación de Entidades para la Economía Social y Autónomos de Extremadura (Cepes) la formación de sus trabajadores; participaron 10.000 empleados para mejorar su cualificación, con un presupuesto de 8,3 millones de euros.
Esa formación estaba regulada por un decreto autonómico de 2008, el 158, que decía entre otras cosas la forma de justificar los gastos, pero mientras se ‘jugaba el partido’, en agosto de 2012, ocho meses después de adjudicados los cursos, la Junta cambió las reglas de juego y estableció otro tipo de controles.
Era no obstante un tiempo en el que el diálogo social aún funcionaba en Extremadura. El Gobierno regional presidido por José Antonio Monago y capitaneado en cuestión de empleo y política económica por su vicepresidenta Cristina Teniente, se sentaba con frecuencia con sindicatos y empresarios, en público y en privado, para concertar planes y programas, o rectificar medidas que no habían funcionado.
“Buenos resultados”
Como secretario general de Empleo y responsable del servicio público (Sexpe), el número dos de Teniente, Sergio Velázquez, daba cuenta a mediados de 2012 de ese buen entendimiento, y lanzaba a la Fundación Tripartita la invitación para seguir colaborando en los cursos de formación.
Pero Velázquez acabaría dimitiendo por “razones personales”, en una de las marchas más sonadas, misteriosas e inesperadas de la legislatura, y en su lugar se hizo cargo de la gerencia del Sexpe su anterior secretario general Miguel Lozano, mientras crecían las discrepancias por la forma de justificar una convocatoria de cursos, la de 2011, que terminó asumiendo directamente la Junta a partir de la siguiente convocatoria.
Cuestiones como a qué programa se asignaba un gasto, o en qué momento se fijaba que un alumno había abandonado un curso, y dejaba de correr por tanto la subvención, enfrentaban a ambas partes, en una liquidación pendiente de los cursos de 2011 que se alargaba y la Fundación Tripartita, representando a sindicatos y patronal, exigía.
En una comunicación entre ellos ya en junio de 2014, el director gerente de la Fundación Tripartita, Alfonso Luengo Álvarez-Santullano, reprochaba a la Junta interpretar a su antojo la mecánica financiera de los cursos, ya que éstos se habían justificado y correspondía cobrar ya la subvención, “como resulta obvio de la lectura de la convocatoria”, para luego proceder a la liquidación final, mientras que el Sexpe lo condicionaba todo de manera “falaz” según Luengo a la liquidación.
Las relaciones de colaboración ya estaban rotas con Miguel Lozano y el Sexpe, y las cartas de este último iban acompañadas según la Fundación Tripartita “por una ristra de reproches que desde luego nada tienen que ver con el tono respetuoso y la disponibilidad que siempre ha mostrado la Gerencia de la Fundación con ese Organismo y esa Comunidad Autónoma”.
Los mayores problemas de liquidación han sido con la parte de la patronal, el elemento precisamente con el que el Gobierno regional se muestra más disgustado ya que esperaba, a diferencia de las expectativas con UGT o CCOO, unos pronunciamientos públicos a favor de las políticas de Monago que sin embargo no se han producido a lo largo de esta legislatura del PP.
La Tripartita también ha acusado a la Junta de incumplir el compromiso del pago del personal de la misma dedicado a la formación en Extremadura, y que iba incluido según ella en el traspaso de fondos económicos que del Estado se hizo a la Comunidad Autónoma para estas políticas de empleo.
El impago de las justificaciones presentadas por sindicatos y patronal, en espera de la liquidación final, ha causado en esas organizaciones un impacto que supone de momento el cierre de algunos departamentos de formación, y el despido de más de 30 personas sólo en una de ellas.
