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La directora general de Formación para el Empleo adjudica cursos a dos empresas dirigidas por su hermana

María José Nevado, directora general de Formación para el Empleo / Gobex

José L. Aroca

En el sector de gestores de formación para parados y trabajadores hay malestar tras haber sido señalado parte de ellos –la patronal, dos sindicatos y la economía social- como autores de “fraude” en los cursos, ya que desde hace tiempo vienen observando la evolución de dos empresas privadas de Cáceres que se dedican a la misma actividad, y en las que se da una relación directa familiar con la Junta de Extremadura.

En agosto de 2011 María José Nevado fue nombrada directora general de Formación para el Empleo por el nuevo gobierno regional del PP, dejando la actividad que desarrollaba de profesora en las empresas Centro de Formación Aldana y Adeón i+D, en las que ejercía y sigue ejerciendo como dirigente su hermana Rosa Nevado.

Ya como directora general, en los cuatro ejercicios siguientes, de 2012 a 2015, ha adjudicado como máxima responsable de la Junta en la materia, cursos de formación para desempleados a esas dos empresas, con una evolución económica en la que el secretario regional de formación y empleo de Comisiones Obreras, Miguel Coque ve “sombras y dudas”, sobre todo a partir de la puesta en marcha de un nuevo decreto regulador, el 168/2012, que fue aprobado unilateralmente por el Gobierno extremeño del PP con la oposición de la patronal Creex, UGT y CCOO.

Fuentes del sector cifran esa evolución en pasar de 82.000 euros de adjudicación en 2012, a multiplicarla por cuatro en el ejercicio presente 2015 (360.000 euros), algo que sin embargo la portavoz de las empresas beneficiarias, Rosa Nevado, niega.

En estos días también se ha divulgado que Aldana (una sociedad cooperativa) igualmente ha contratado con el Ayuntamiento de Cáceres, presidido por una tercera hermana, Elena Nevado, en una adjudicación negociada sin publicidad por un valor de 13.000 eurospor un valor de 13.000 euros y que sigue visible en la web municipal.

Para el dirigente de CCOO Miguel Coque, el error podría estribar en el Gobierno de Monago desde el momento que pone al frente de una dirección general a una persona con intereses familiares en un negocio relacionado con el negociado que va a liderar.

“No tengo clara la legalidad o ilegalidad del hecho pero me parece poco ético y chirriante que una directora general firme resoluciones con subvenciones a dos empresas que pertenecen a su hermana, en la cual ha trabajado y seguirá trabajando, posiblemente, después de dejar el cargo”.

“Los campeones del regeneracionismo político y administrativo deberían ser los primeros en evitar malos entendidos y ser fuente de rumores”.

“Incompatibilidad ética”

Tampoco Ana Santos, secretaria de formación en UGT Extremadura, duda en principio de la legalidad, pero se apunta también a que es poco ética esta relación familiar/económica, y le chocaría, caso de ser así, el que las adjudicaciones hayan aumentado desde que una de las hermanas llegó al alto cargo de la Junta.

“Yo creo que hay una incompatibilidad ética, y más habiendo sido la directora general profesora en esa empresa”. Si a todos los que gestionan dinero público “nos piden transparencia y legalidad, no debe haber, o mostrar, la más mínima duda en un tema que además es un dinero de los trabajadores que es para formación de los trabajadores”.

La patronal extremeña, Creex, no ha querido manifestarse sobre este asunto, pero quedan en el aire las palabras de su secretario general, Javier Peinado, cuando días atrás replicaba a las acusaciones de fraude lanzadas desde la Junta.

«Me parece de poco calado y poca altura que la consejera afirme que se contrata a hermanos para dar las clases. No es ilegal si se cumplen los criterios de contratación en igualdad de condiciones, por eso no dudo de la relación entre la directora general de Formación para el Empleo, María José Nevado, y su hermana, que gestiona una academia en Cáceres. Es normal, la ley lo permite».

“Tengo la conciencia tranquila”

Rosa Nevado, directiva en las empresas Aldana y Adeón, explica a eldiarioex que ella tiene la conciencia “absolutamente tranquila” porque lleva 28 años en empresas de formación trabajando con la Administración “superando los mismos controles escrupulosos que todo el mundo”.

Niega haberse visto beneficiada desde que su hermana es directora general: “para nada, todo lo contrario, hemos disminuido”, y la contratación del año pasado con el Ayuntamiento de Cáceres que preside su hermana Elena añade que es con un organismo dentro del mismo, la Universidad Popular, “con la que llevamos trabajando veinte años, desde su creación”.

“¿Que hay quien opina que no está bien que la directora general de Formación contrate cursos a una empresa en la que está una hermana? Eso es una cuestión de la Administración, no mía”.

De momento la Junta de Extremadura no se ha pronunciado sobre estas críticas y hechos.

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