En defensa de una educación pública de calidad
En poco tiempo conoceremos la normativa referente a la regulación de los conciertos educativos en nuestra Comunidad. En aplicación de la LOMCE, estos conciertos serán de 6 años en educación Primaria y 4 años en Secundaria. Desde ODP-AS consideramos que es el momento para que desde la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura se dé prioridad a la enseñanza pública y comiencen a disminuir el número de unidades concertadas con la enseñanza privada. Las ideas y argumentos que los defensores de la concertación de la enseñanza repiten machaconamente y difunden en los medios de comunicación y tertulias es que los padres tienen derecho a la libre elección de centro y al correspondiente cheque escolar. Para darle más credibilidad a sus ideas ante la opinión pública alegan que el coste de las plazas escolares en la enseñanza privada es menor que la pública.
En su articulado la Constitución establece el derecho a la educación y también la libertad para la creación de centros. No obstante, lo que nunca dice nuestro texto constitucional es que las Administraciones Públicas estén obligadas a financiar o a dar ayudas públicas a las familias para que puedan elegir entre centro público o privado. Si en nuestro país y en Extremadura se da una situación muy especial en lo relativo a los conciertos es consecuencia del contexto político que hemos tenido. Aquí, el alumnado escolarizado en centros privados y en concertados alcanza unos porcentajes medios próximos al 34 %, en Extremadura nos acercamos al 22 %, mientras que en el contexto europeo occidental UE-28 la escolarización en centros privados alcanza el 7 %. En algunas ciudades importantes de nuestra Comunidad ese porcentaje alcanza valores próximos al 50%.
A la hora de comparar el coste de una plaza escolar, enseñanza básica, entre centros privados y públicos hay algunos factores que diferencian a los dos tipos de redes educativas. La enseñanza pública tiene que llegar a territorios a los que no llega la privada porque económicamente no le es rentable, y en consecuencia no le interesa. La mayoría de los centros privados se establecen en localidades con un elevado número de habitantes, como ocurre en nuestra Comunidad en dónde la mayoría de ellos están en las cuatro localidades más pobladas. El beneficio económico es indispensable para el funcionamiento normal de un negocio y en el mundo rural no hay rentabilidad. Las condiciones laborales de quienes trabajan en la enseñanza privada son peores que las del sector público, si bien las políticas de austeridad aplicadas en estos últimos años por el gobierno del PP han producido un deterioro importante en los derechos laborales de la clase obrera, afectando muy negativamente tanto a unos como a otros. Una diferencia importante entre ambas redes, es la atención que prestan los centros educativos públicos a los programas relacionados con la atención a la diversidad, al alumnado con dificultades de aprendizaje y a los inmigrantes. Los centros públicos atienden a la inmensa mayoría de los inmigrantes, porcentaje que en nuestra Comunidad se aproxima al 80 %, y en algunas poblaciones llega hasta el 90% de la población en la edad de escolarización obligatoria procedente del extranjero.
Inicialmente, las subvenciones se justificaron para hacer frente a la creciente demanda de plazas escolares de las que carecía la red pública, que tenían su origen en el crecimiento demográfico y económico del país y en la extensión de la educación obligatoria hasta los 16 años, estas circunstancias obligarían al Estado a la concertación con los centros privados, en su inmensa mayoría propiedad de congregaciones relacionadas con la Iglesia Católica. Ahora, en estos momentos no se puede justificar el mantenimiento de plazas escolares concertadas dado que la Administración Pública ha aumentado y mejorado las infraestructuras educativas pudiendo atender en bastantes casos la demanda de las mismas. Lo que procede desde la Junta de Extremadura es potenciar la red pública frente a la privada –concertada, tomando las medidas necesarias que mejoren la calidad educativa en los centros públicos, con ratios bajas y enseñanza personalizada, aumentando la inversión en infraestructuras, en la dotación de personal docente y no docente y otras actuaciones que mejoren la oferta educativa de la red pública. Es hora de que el dinero público no se invierta en empresas privadas que desempeñan un papel importante en la divulgación de la ideología dominante y el culto religioso.
En definitiva, desde ODP-AS defendemos una escuela pública laica, sin discriminación ni selección del alumnado por su extracto social, económico o cultural, plural que respete la diversidad y promueva una sociedad más justa y que avance hacia la eliminación de las desigualdades económicas y sociales.
