Mis dos papás
La profesora de religión preguntó:
-¿Quién viene a recogerte hoy en el cole?
La alumna respondió:
-¡Mis dos papás!
Superados y celebrados los diez años del reconocimiento legal del matrimonio, y adopción de niños, por parte de miembros del mismo sexo en España.
En 2005, la Iglesia “del momento” se unió al ala más dura del conservadurismo político español, representado por el PP en el Congreso de los Diputados, en contra de la tramitación y aprobación de la Ley que permitiría contraer matrimonio y adoptar niños por parejas del mismo sexo. Han pasado más de diez años y es cierto reconocer, que los “aires están cambiando en el Vaticano”, pero no debemos olvidar, qué ocurrió en aquellas históricas fechas para el acercamiento hacia la normalidad legislativa entre todos los colectivos heterosexuales, homosexuales y transexuales en España, Es tiempo de “no bajar la guardia” porque, como dijo aquel tipo: “el país que no conoce su historia, está condenado a repetirla”.
Entre todos debemos marcarnos como objetivo que nunca se dé “un paso atrás”. Pero… en 2005, la Ley que permitió el matrimonio entre dos personas del mismo sexo en España: ¿fue simplemente “aprobada”? o ¿“aprobada, reconocida, asimilada y aceptada por el conjunto de la sociedad española?
Hay que recordar cómo el PSOE se presentó a las elecciones generales del 2004 con un programa electoral en el que se recogían una serie de propuestas sociales de marcado carácter progresista y en el que aparecía la posibilidad de legislar a favor del matrimonio homosexual y el derecho de estas nuevas unidades familiares a adoptar, optar a pensiones de viudedad y a herencias. La idea contó con el apoyo de una gran parte de la sociedad española, pero, generalmente, la adhesión al proyecto de ley, estaba vinculada a la parte del electorado socialista en el marco electoral nacional. “La otra mitad de España”, es decir, los votantes del Partido Popular, en aquellas fechas en el que el bipartidismo reinaba, no le prestaron mucha atención, ya que las encuestas reflejaban una victoria del PP, sólo a cuatro días de la celebración de los comicios el 14 de marzo, pero todo cambió la mañana del 11 de marzo. Tras perder las elecciones el PP, se iniciaron los contactos entre los movimientos conservadores para poner freno a todo este grupo de reformas que se estaban preparando. El nuevo gobierno de Mariano Rajoy del PP, pretendía introducir cambios que alteraran o derogaran a la Ley de Igualdad aprobado por el PSOE en 1985, si hubiesen ganado los comicios.
Con la aprobación de la ley, se gestionaron movilizaciones en contra de la aceptación de la misma intentando involucrar a “su media España” en el rechazo a la aprobación del matrimonio entre homosexuales. La ley se aceptó, es cierto, pero aún queda mucho camino que recorrer para que la mayoría del pueblo español acepte, esta nueva situación social, como algo “normal” en su día a día como país, porque la realidad de los números aparecidos, en la encuesta del diario El Mundo en 2004, afirmaba que el 66.2% de los españoles se mostraban “a favor de que los homosexuales tuvieran derecho a contraer matrimonio”, y “el 79% opinaba que la homosexualidad constituía una opción sexual tan respetable como la heterosexualidad”. Dichos datos fueron aportados por una encuesta realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas, demostrando que todavía hay mucho por hacer.
El 18 de junio de 2005, días antes de que la nueva ley fuera aprobada, el Foro Español de la Familia realizó una gran manifestación en Madrid en contra de la ley. La “demostración de indignación” fue dirigida por Benigno Blanco, ex secretario del Estado en el gobierno de Aznar, anterior presidente del Gobierno, y miembro del Opus Dei. Su argumento se basaba en que la ley no se ajustaba a principios de legalidad e igualdad y que promovía una fractura en la sociedad española. La manifestación fue encabezada por la Conferencia Episcopal que en España representa al conjunto de Diócesis cristianas con sus Obispos como dirigentes y que defendían el punto de vista del Vaticano. Según el cardenal Renato Cardino, la ley suponía “una aberración de los principios que provienen de la naturaleza” y que la legislación “no reflejaba la verdadera voluntad del pueblo español”. La postura de la iglesia argumentaba que la “institución del Matrimonio cuyo concepto etimológico, suponía la unión de un hombre y una mujer, quedaba, con la nueva ley, degradado a un contrato legal que se podía firmar por cualquiera pareja, y que ya no contenía el significado cristiano de la de la antigua ceremonia entre un hombre y una mujer. El Cardenal de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal, Antonio Rouco Varela, expresó que la sociedad era cada vez más secular y que ”no sólo negaba la fe, sino también la misma razón humana“, y que dichas legislaciones eran ”radicalmente secularistas“ planteadas como ‘si Dios no existiese’ y realizadas a espaldas de la Historia”.
El Partido Popular (PP) presentó un recurso de inconstitucionalidad, en contra de la ley en el Tribunal Constitucional. Pero visto lo visto, y a sabiendas de la pérdida de credibilidad y de votos que suponía para el PP, su posicionamiento en contra de la Ley, en su Congreso Político de Sevilla celebrado dos años después, eliminaron las referencias a las exclusiones por ser gays y lesbianas dentro del aparato del poder, de las bases y del ideario del partido, alejándose cada vez más de postulados anclados en el pasado, aunque ésto se deba más a estrategias electorales que a asimilaciones de postulados libres y sinceros del reconocimiento a esta diversidad.
Nada de lo expuesto hasta aquí significa que la mayoría de España está en contra del matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Los grupos de LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales y personas Transgéneros) y sus partidarios por toda España han expresado que, la igualdad en su forma verdadera, no puede existir si no se equiparan, en una misma figura jurídica, el derecho a contraer matrimonio por cualquier tipo de pareja heterosexual u homosexual. Se debe agregar también al argumento que la ley no devaluó la Institución del Matrimonio, y sí, en cambio, aumentó en su celebración, porque concedía derechos y responsabilidades relacionados con la tradición a todas las parejas que quisieron contraer matrimonio.
Todos somos diferentes, por tanto todos somos iguales, por lo menos ante la ley. Si en pleno siglo XXI, alguien se escandaliza al ver besarse a dos hombres, o a dos mujeres, o se niegan a reconocer el derecho que tienen estas parejas para poder casarse, tener hijos o adoptar, es que no lo estamos haciendo bien, independientemente de que sea la realidad cotidiana del día a día, la que se encargue de orientar, a los que no acatan la Ley, hacia un sentido de respeto de libertades y obligaciones para con el resto de sus familiares, vecinos, amigos, conocidos y no conocidos. Si las parejas del mismo sexo, tienen los mismos derechos y obligaciones que las parejas heterosexuales, ¿cuáles son las razones que expresan los que están en contra de la Ley, para justificar su rechazo al matrimonio entre personas del mismo sexo? ¿Deben conformarse los colectivos de gays y lesbianas, con su idea de una sociedad ‘tradicional’? Si las parejas homosexuales no tienen los mismos derechos y obligaciones de las parejas heterosexuales, ¿cómo puede existir la noción de la igualdad? Los que abogan siempre en contra del cambio quieren permanecer en una sociedad ‘tradicional’, ‘respetable’ y ‘cristiana’, esa que durante muchos años ha promovido la segregación de los que no querían ser conformistas.
Nuestra sociedad debe seguir avanzando en este sentido, sin olvidarse de su historia, para no dar ni un paso atrás, para no condenarnos a repetirla..
